Advertir a la comunidad acerca del riesgo que puede generarse en la construcción de una obra civil no le resta responsabilidad a la administración por el daño antijurídico que le sea atribuible, concluyó el Consejo de Estado. Adicionalmente, explicó que cuando el perjuicio se produzca por la actuación de un contratista y no derivado de la actividad de la autoridad propiamente dicha, ello tampoco exime al Estado de su responsabilidad, debido a que la jurisprudencia establece que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente. Con estos argumentos, condenó al departamento de La Guajira y a la empresa a cargo de la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Riohacha por la muerte de un niño Wuayúu en la obra (M. P. Mauricio Fajardo).