El Consejo de Estado alertó a las autoridades penales y disciplinarias por los pronunciamientos que puede hacer el sistema internacional de derechos humanos si no son debidamente estudiados los casos de ejecuciones extrajudiciales. Al afirmar que la deficiente valoración fue la que permitió que jueces penales militares y la misma Procuraduría absolvieran de responsabilidad a un grupo de militares en un caso de falsos positivos, la corporación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las actuaciones del caso. También ordenó al Ministerio de Defensa dar publicidad al asunto estudiado, para que aclare que la víctima no era un guerrillero dado de baja en combate, como lo hicieron creer los uniformados. En este proceso la sala dio aplicación a su unificación de jurisprudencia frente al valor probatorio de las copias simples, al incorporar al análisis documentos que fueron aportados sin autenticación, debido a que fueron tenidos en cuenta a lo largo de la actuación sin que las partes cuestionaran su validez (C. P. Danilo Rojas).