El Consejo de Estado unificó jurisprudencia y exhortó a todas las administraciones públicas a instalar señales sonoras en los semáforos, para facilitar el tránsito de peatones con limitaciones visuales. Su propósito es que en todos los municipios se tomen las medidas necesarias, no solo para cumplir con este requerimiento, sino para recomponer el desequilibrio jurídico al que se enfrentan quienes padecen limitaciones físicas. Para el cumplimiento de esta sentencia, las autoridades deben evaluar mecanismos que permitan la inclusión de la población con discapacidad, cuando se analice el plan de ordenamiento territorial (POT) o el otorgamiento de licencias de construcción. La providencia indica que, aun cuando los derechos reclamados fueran exigibles mediante la acción de cumplimiento, por tratarse de una obligación contemplada en la ley, en este caso era posible actuar desde la acción popular, dado que la inobservancia de la norma estaba conculcando derechos colectivos (C. P. Enrique Gil).