Es indispensable que en esta batalla se fortalezcan las políticas de gobierno corporativo y se implemente un exhaustivo programa de ética y cumplimiento.
Es inadmisible que cualquiera de las partes, e incluso el propio juez, pretendan que el perito adicione su experticia en la audiencia de contradicción.
La presentación oficial de la nueva imagen será hoy miércoles en la FILBO 2019: Pabellón 3, Nivel 1, Stand 2. Ahora, su identidad visual reflejará un espíritu innovador, inteligente y evolucionado.
Presentamos las principales solicitudes que se buscarán concertar en las próximas semanas con el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura rindió un informe de gestión al Congreso de la República sobre la administración de justicia del periodo del 2018.
La prueba piloto de la herramienta tecnológica Prometea abrió el debate sobre las eventuales modificaciones que podrían pensarse sobre el proceso de selección, así como las labores que desempeñan los funcionarios de la Corte en esta etapa.
La pregunta la resuelve la UGPP en un reciente concepto, donde hace referencia a los cambios introducidos por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 2018).
La iniciativa busca evitar la apatridia y tiene como destinatarios a los extranjeros en situación de inmigración irregular nacidos en territorio colombiano.
Es muy usual pactar cláusulas penales en los convenios deportivos que se negocian entre clubes o con jugadores; pero llaman la atención aquellas pactadas en convenios de transferencia temporal de jugadores, teniendo en cuenta que estos convenios no se ejecutan al instante de la firma y del...
Se conoció el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas. Se crearía el registro único de decisiones en materia penal, para almacenar antecedentes penales, requerimientos, anotaciones y sentencias proferidas.
Así lo reiteró un fallo de tutela que dio a conocer hoy la Corte Constitucional, las comunidades accionantes llevaban seis años esperando una decisión de las autoridades.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó el principio de favorabilidad en materia sancionatoria tributaria, así como la procedencia del reconocimiento de costos y deducciones para depurar ingresos brutos.
¿En las escrituras públicas que se otorguen por intermedio de apoderado este puede manifestar bajo la gravedad de juramento “que el precio incluido en la escritura es real?
Todos sobrepasamos con frecuencia, pero cuando otro lo hace mantenemos tozudamente nuestro derecho de vía. Afirmamos nuestro derecho y desafiamos el ajeno.
El trámite que el Congreso le dé a la iniciativa que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz se convertirá en un precedente para aclarar el procedimiento de las objeciones por inconveniencia.
Cambios a los códigos sustantivos y procesales, reformas a la justicia transicional, transformación de la educación en Derecho y políticas públicas incluidas en el plan de desarrollo son algunas iniciativas que pronto darán mucho de qué hablar.
El constitucionalismo dialógico contribuye a realizar una teorización enfocada en la realidad institucional latinoamericana sin adoptar irreflexivamente teorías o modelos surgidos en otros contextos para responder a sus propios problemas.
En un ejercicio de aprendizaje dirigido a estudiantes de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, miembros del equipo de ÁMBITO JURÍDICO participaron como jurados.
Dos salas de revisión de la Corte Constitucional estudiaron casos sobre menores que presentaban problemas de convivencia y adaptación, e impartieron órdenes para que las instituciones educativas brinden acompañamiento y orientación.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre el Ministerio de Hacienda y el Municipio de Gachantivá (Boyacá) sobre la realización de una consulta popular.
Los empleados de esta categoría se distinguen porque ocupan una especial posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias y de mando, no están en función simplemente ejecutiva, sino orgánica y coordinativa
La Dian indicó que la retención en la fuente aplica para aquellos ingresos percibidos por personas naturales, como por la enajenación de activos fijos y no solo inmuebles.
Presidencia de la República definió una serie de principios para ser tenidos en cuenta por entidades y funcionarios en el manejo de las redes sociales oficiales, en cumplimiento de la Ley 1341 del 2009.
La Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la DNDA emitió sentencia dentro de un proceso civil por la presunta infracción derechos morales y patrimoniales de autor, a la luz de la de la Ley 23 de 1982.
Esta medida empezará a regir a partir del 1º de julio del 2019, pero mientras entra en vigencia se continuará notificando a través del correo suministrado a la entidad.
La decisión tiene efectos diferidos, y por el término de dos legislaturas tendrá vigencia la actual norma, a partir de la notificación de la sentencia.
Las recargas en línea con operadores no están gravadas con este impuesto, porque este se causa una vez se presta el servicio y está en cabeza del operador.
El abogado constitucionalista Édgar Hernán Fuentes Contreras, director del Área de Derecho Público de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, explica en qué consiste el Ius commune constitucional latinoamericano.
La Corte Suprema de Justicia realiza frecuentemente audiencias donde abarca diversas temáticas del Derecho, en su espacio Diálogos con la justicia. ÁMBITO JURÍDICO compiló los más destacados videos sobre el CGP.
La Corte Constitucional advirtió que los cierres parciales de cárceles ordenados por algunas autoridades judiciales han derivado en el hacinamiento de la población sindicada.
La Sección Segunda del Consejo de Estado revocó el auto que había decretado la suspensión provisional de la Convocatoria 428 relacionada con el Ministerio del Trabajo.
El mandatario indicó que no se trata de un choque de trenes y expresó su respeto por la Corte Constitucional. También anunció una propuesta de reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 del 2017.
Los demandantes consideraban que la expresión era discriminatoria y desconocía el respeto a la dignidad humana como principio fundante del Estado colombiano.
La SIC fue contundente: los agentes del mercado deben respetar los derechos que tienen los consumidores, dentro de los que está el derecho a recibir productos de calidad.
Una providencia enfatiza que toda persona tiene el deber de colaborar con el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en virtud de lo establecido en la Carta Política.
El bien o servicio debe ajustarse a las características de uso y funcionamiento anunciadas, so pena de resultar el proveedor responsable de todo daño ocasionado por la inadecuada o insuficiente información.
Fueron amparados varios derechos fundamentales de un ciudadano en situación de discapacidad y con pérdida de la capacidad laboral del 82,12 %, a quien Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Si ese requisito de procedibilidad no ha servido para disminuir la litigiosidad y debe derogarse, es asunto que compete al legislador, no a los jueces.
Si nos atenemos al tenor de la ley, resulta apropiado a los independientes el despido de sus trabajadores, pues, de no hacerlo, les es prohibido gozar de la exención del 25 % de su ingreso.
Es abundante la regulación vigente relacionada con los requisitos y presupuestos que deben observar todas las erogaciones de los contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Es importante establecer una normativa clara en relación con los derechos y deberes que, en determinadas circunstancias, tiene los abuelos frente a sus nietos.
La Corte Constitucional abrió nuevamente el debate, pero ahora desde la perspectiva de las redes sociales. Este es el panorama frente a una eventual regulación y sus incidencias sobre las garantías de libertad en internet.
El Superintendente Financiero entregó cifras del sistema financiero en el 2018 y aprovechó para dar recomendaciones e información de interés a los ciudadanos.
Urge que el legislador regule en debida forma la materia y si persiste en esta inaceptable desatención será la jurisprudencia constitucional la llamada a intervenir, para que ordene que la sentencia absolutoria emitida en primera instancia no pueda ser apelada por la Fiscalía, víctimas o Ministerio...
El Ministerio Público sentó su posición respecto a la norma que fija como requisito para probar la existencia del estado civil de casado la obligación de certificar que la mujer fue aceptada por la familia y amigos del esposo, así como por los vecinos de su lugar de residencia.