La insolvencia en ascenso
Nicolás Mora Alvarado
Asociado de Resolución de Conflictos & Protección de Inversiones de Gómez-Pinzón Abogados
Según cifras oficiales de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), al corte del pasado 28 de febrero del 2019, las empresas que iniciaron un trámite de reorganización empresarial durante el 2018 aumentó a 560 empresas. Esto es, 161 compañías más que en el año 2017 y 268 empresas más que en el 2016. En lo que va del año 2019, ya son 21 procesos de reorganización iniciados ante la Delegatura para Asuntos de Insolvencia de la Superscociedades.
El total acumulado de procesos de reorganización empresarial desde el año 2007 hasta la fecha alcanzó la suma de 2.619 procesos, de los cuales han terminado 634. Llama la atención, igualmente, que del total de procesos acumulados tan solo 296 reorganizaciones fueron tramitadas a través del mecanismo de validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización a que se refiere el artículo 84 de la Ley 1116 del 2006.
Por otra parte, desde una perspectiva regional, se destaca que del total de trámites iniciados desde el año 2007 hasta la fecha, los departamentos donde más se han tramitado procesos de reorganización empresarial y trámites de validación judicial son (i) Bogotá D. C., con 790 procesos y (ii) Antioquia, con 394. Le siguen (iii) Valle del Cauca, con 323, (iv) Atlántico, 271, y (v) Santander, con 189 procesos, respectivamente.
El incremento considerable de procesos de insolvencia en los últimos años sugiere varios mensajes: en primer lugar, que el empresario colombiano considera que el régimen de insolvencia no solo es una vía para la preservación de empresas viables, sino también una efectiva forma de restructuración administrativa que puede lograr una compañía a través de un proceso concursal. Igualmente, denota que la Supersociedades es la autoridad jurisdiccional predilecta por las compañías para el adelantamiento de dichos procesos.
Desde luego que el incremento de concursos tiene como consecuencia la disminución en la agilidad y celeridad que, hace unos años, caracterizaban a los trámites concursales en la Supersociedades. Respecto a este punto, lejos de ser una suposición, es posible afirmar que las partes involucradas en el ejercicio del derecho a acudir a la reorganización, como lo son las empresas y los abogados que intervienen, han empezado a evidenciar demoras considerables en el avance y la resolución de este tipo de procesos.
De continuar la tendencia de incremento de procesos, resulta imperativo una mejora en la infraestructura de la Supersociedades para aumentar el número de oficiales encargados de atender los procesos concursales que se encuentran vigentes, y los que se producirán en los siguientes meses y años.
Ahora bien, el aumento de infraestructura para combatir la congestión concursal no es una solución que se logre implementar en el corto plazo por parte del Gobierno, por lo que conviene revisar otras medidas para combatir la congestión que se empieza a evidenciar en el país. En opinión del suscrito, una de estas medidas podría ser promover un mayor uso del acuerdo extrajudicial de reorganización, a través del cual se busque el consentimiento de sus deudores para celebrar un acuerdo de esta naturaleza y se presente el mismo ante la Supersociedades para su validación.
Esta opción permitiría liberar en parte a la Supersociedades de la carga que implica el inicio, desarrollo y conclusión de un proceso de reorganización, pues la labor del juez del concurso en casos de baja complejidad se simplificaría a desarrollar únicamente la etapa de validación del acuerdo extrajudicial que celebraren las partes, lo cual ahorraría esfuerzos de los oficiales de la Supersociedades quienes podrían concentrarse en más procesos de reorganización.
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