Contra liquidaciones oficiales, resoluciones sancionatorias, reintegro de sumas devueltas y demás actos de la Dian procede el recurso de reconsideración.
No procede imponer una condena cuando la causa eficiente y determinante del resultado dañino obedece única y exclusivamente a la voluntad del fallecido.
El Acto Legislativo 04 del 2019 reformó el régimen de control fiscal del país y le otorgó al Contralor General de la República la función excepcional de control preventivo.
El ejercicio de la libertad religiosa en los lugares de trabajo se presenta como una realidad social a la que la legislación y la jurisprudencia han intentado dar respuesta.
Se busca explicar el fenómeno de la constitucionalización o convencionalización del ordenamiento jurídico en los diferentes niveles de producción normativa.
Reflexiones sobre el modelo jurídico establecido en materia religiosa en Colombia, el cual fue construido primordialmente por la jurisprudencia constitucional.
El populismo es la gran amenaza para la democracia occidental. Bajo esta premisa, los autores hacen una revisión histórica en la que demuestran que los golpes de Estado, cada vez más escasos, son solo una forma de usurpar el poder.
Los municipios son quienes tienen competencia en materia de vigilancia y control de personas naturales y jurídicas dedicadas a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
En este delito es necesario que concurra en el agente la calidad de servidor público. Además, que tenga la potestad material o jurídica de administración, tenencia o custodia de los bienes en razón de las funciones que desempeña.
La carencia de dicho atributo solo impide al partido el acceso a la serie de beneficios que son concedidos a las organizaciones que cumplen con los requisitos señalados en la Constitución y la ley para tal efecto.
En agosto del 2016 se dio inicio a una nueva línea interpretativa en torno al control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria.
La variación del costo de materiales para la ejecución del objeto contractual puede generar la ruptura de la ecuación financiera del contrato, por considerarse un hecho imprevisible.
Cinco actos legislativos, más de 60 leyes y 2.400 decretos presidenciales marcaron el 2019. El trámite de otra reforma tributaria y los fallos sobre redes sociales y las nuevas tecnologías de la información también fueron noticia el año pasado.
La sanción disciplinaria se impuso por cometer la falta contra la real y leal realización de justicia y los fines del Estado, prevista en el numeral 8° del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007.
Dentro de los gastos del hogar en los que participaba el causante se pueden considerar los aportes para el pago de estudios, pues la educación es una necesidad básica del núcleo familiar.
El Decreto Ley Antitrámites ofrece incentivos para pagar con facilidad las multas de tránsito y elimina la gestión ante la Adres para que los centros médicos reciban el pago de los servicios de salud de afectados en accidentes.
En el caso concreto, la Sala Penal de la Corte Suprema absolvió a cuatro procesados acusados de cometer el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Si el plazo está contabilizado en meses o años, no se prorrogará por vacancia judicial o en caso de presentarse paro judicial, pues ello no impide la posibilidad de presentar la demanda oportunamente.
La nueva norma elimina beneficios penales y modifica el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado cuando se demuestra la comisión de actos de corrupción.
El ordenamiento jurídico colombiano trae una limitación frente a la declaración para las organizaciones políticas que, solas o en coalición, hayan inscrito el candidato que resultó elegido como presidente, gobernador o alcalde.
La administración pública no puede revocar el acto de apertura de licitación alegando motivos de inconveniencia, ni solicitar aclaraciones ni explicaciones sobre factores calificables de las propuestas.
No puede desconocerse que la comunicación o publicación por cualquier vía puede ser potencialmente difamatoria, señala un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia.
Recordamos a los juristas, académicos y doctrinantes que dejaron un trascendental legado para las nuevas generaciones de abogados y una huella en la comunidad jurídica colombiana.
La Corte Constitucional anunció, a través de un comunicado de prensa, algunas de las razones que la condujeron a inhibirse para decidir sobre la causal.
El contrato de promesa tiene por objeto garantizar que las partes suscribirán, con posterioridad, otro contrato. De manera que es indispensable fijar el plazo o condición para el cumplimiento de la obligación de hacer.
La norma objeto de estudio se encuentra prevista en la Ley 1908 del 2018, por medio de la cual se busca fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales y adoptar medidas para su sujeción a la justicia.