La Sección Cuarta del Consejo de Estado tuvo que decidir sobre la legalidad de unas facturas expedidas en el año 2012, por medio de las cuales Indumil recaudó el valor del impuesto social a las municiones y los explosivos de una contribuyente. Ese escenario sirvió a la Sala para fijar una nueva posición, en el sentido de establecer que a partir del 20 de junio del 2014, para efecto de discutir en sede judicial la determinación del impuesto referido, el interesado debe provocar un pronunciamiento de la Dian respecto de las cuantías cobradas a través de la factura. De modo que es contra estos actos administrativos de contenido tributario, y no contra las facturas emitidas por Indumil, que procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (C. P. Milton Chaves).