En sentencia de unificación, la Corte Constitucional precisó que el  Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno el acceso a medidas de reparación integral, reconociéndoles su calidad de víctimas, de tal manera que puedan ser beneficiarias de la Ley 1448 del 2011 y sean incluidas en el registro único de víctimas (RUV). Dicha inscripción en el RUV, concluye la providencia, es la única medida que tiene la capacidad real de restablecer a las víctimas de estos delitos sus derechos fundamentales (M. P. Cristina Pardo).