El Ministerio del Interior, a través del Decreto 2353, del pasado 26 de diciembre, modificó su estructura y fortaleció la dependencia encargada de atender el derecho de consulta previa, otorgándole autonomía administrativa y financiera. Lo anterior teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-123 del 2018, exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso para que adoptaran la medidas necesarias para regular lo relacionado con los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas que hagan efectivo el derecho a la consulta previa. Así mismo, considerando que la consulta previa es requisito para que las autoridades competentes puedan adoptar y desarrollar decisiones debidamente motivadas y fundadas en los principios proporcionalidad, razonabilidad y el respeto de los derechos de las comunidades étnicas, sin perder de vista posiciones y criterios de las partes durante el proceso.