La Sección Segunda del Consejo de Estado estableció que los dictámenes de las juntas regionales de calificación de invalidez tienen calidad de prueba pericial y auxilian la valoración del juez sobre el estado de salud del interesado para efectos de la pensión de invalidez de miembros de la fuerza pública. Lo anterior a pesar de que el Decreto 049 de 1989 y el Decreto 1796 de 2000 establezcan que la capacidad sicofísica de estos funcionarios debe ser determinada por autoridades médico militares y de policía. Así mismo, la Sección Segunda recordó que es procedente realizar una nueva valoración médica a los miembros de la fuerza pública que no hayan recibido la pensión por invalidez siempre que (i) exista una conexión objetiva entre el examen solicitado y la condición patológica atribuible al servicio, (ii) dicha situación recaiga sobre una patología susceptible de evolucionar progresivamente y (iii) ese desarrollo no hubiese sido previsto al momento del retiro del servicio (C. P. César Palomino).