La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 13 del Código General del Proceso. En estas disposiciones se contempla que las estipulaciones de las partes sobre los requisitos de procedibilidad para acudir a los operadores de justicia no son de obligatoria observancia. Lo anterior debido a que si bien la autonomía de la voluntad es un principio transversal a los negocios jurídicos encuentra como límite las normas procesales de orden público y, por lo tanto, las partes no están facultadas para fijar, crear o convenir requisitos de procedibilidad para acceder a la administración de justicia. De lo contrario, los contratantes invadirían el espacio de configuración del legislador (M. P. Alberto Rojas).