La negligencia o la arbitrariedad de los patronos no justifica dejar desamparados a los trabajadores con expectativas pensionales legítimas, recuerda la Corte Constitucional.
Establecer que las cotizaciones para determinar esta prestación en el caso de muerte presunta deben contabilizarse dos años después del desaparecimiento de una persona es un requisito exagerado.
La Corte Constitucional estableció que las personas privadas de la libertad pueden recibir visitas de menores que demuestren tener un vínculo estrecho de familiaridad, pero no especificó cuál es la autoridad competente para determinar la existencia de dicho parentesco.
Entre los postulados se encuentran Francisco Barbosa, Juanita Goebertus, Jorge Iván Palacio, Aquiles Arrieta, Magdalena Correa, Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, Yesid Reyes, Rodolfo Arango y Alfonso Valdivieso, entre otros.
El Consejo de Estado repudió las reiteradas condenas a la Nación por ejecuciones extrajudiciales. Además, se pronunció sobre cómo superar el tratamiento causalista del hecho exclusivo de la víctima en estos casos.
La afirmación estaba contenida en los alegatos de conclusión presentados por la disciplinada en el trámite de segunda instancia de un proceso reivindicatorio.
Según la Corte Constitucional, la configuración de este vicio del consentimiento facilita que el afectado decida si continúa o rescinde el negocio jurídico.
Al amparar varios derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades revisar y tomar determinaciones sobre las condiciones de vida de los internos.
Según la jurisprudencia actual, se acepta la posibilidad de que los árbitros se pronuncien y concedan prestaciones adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social.
El Departamento Administrativo de la Función Pública recordó que la Ley 1801 del 2016, en el artículo 206, hace referencia puntual a las atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores.
La Corte Constitucional advirtió que la negativa de las EPS a entregar los insumos y los servicios solicitados por parte de pacientes de la tercera edad agudiza la situación de vulnerabilidad.
La Corte Suprema de Justicia recordó que para determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge o compañero permanente del afiliado o del pensionado fallecido debe cumplir con los requisitos del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993
La Corte Constitucional dio a conocer el fallo que condicionó la exequibilidad del numeral 4º del artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
En un reciente concepto, el Ministerio de Salud recordó, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la regla general de irretroactividad de la ley.
La Corte Constitucional reiteró el exhorto dirigido al Congreso en la Sentencia T-970 del 2014 para que regule el derecho fundamental a morir dignamente.
Las obligaciones de las administradoras de pensiones y de los empleadores impiden que las consecuencias de su incumplimiento afecten la expectativa pensional del afiliado.
Califican algunos artículos del proyecto de reforma política como lesivo para las competencias constitucionales asignadas y generador de un eventual choque de trenes entre autoridades judiciales.
La apreciación individual y conjunta de las pruebas no es un concepto vacío, sino un método de valoración que impone a los jueces reglas claras y concretas para elaborar sus hipótesis.
Dicha figura es un mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan el requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado, recordó la Corte Constitucional.
La Corte Suprema de Justicia eligió a Nora Fernanda Martínez, Antonio Emiliano Rivera y Carlos Hernán Rodríguez como integrantes de la terna de la cual el Consejo de Estado elegirá al próximo Auditor General.
La norma atacada reguló competencias en materia de escrutinios diferentes a las previstas en el Código Electoral y, por consiguiente, desconoció la reserva de ley estatutaria.
35 profesores estatales solicitaron a la Corte Constitucional el reconocimiento y pago de esta prestación. Las decisiones de instancia negaron estas pretensiones, aduciendo que no forman parte del régimen salarial y prestacional especial de los docentes.
Atacan apartes del artículo 43 del Decreto 2158 de 1948, por la presunta vulneración a los derechos a la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
Frente al ejercicio de la tutela no existe un término de caducidad o prescripción, lo cual supone que el juez no puede rechazarla in limine solo con el fundamento del tiempo transcurrido.
Se trata de Julio Roberto Piza, quien remplaza al jurista Hugo Bastidas Bárcenas. Conozca el perfil académico y laboral de este nuevo magistrado del Consejo de Estado.
La Corte Constitucional recuerda qué deben tener en cuenta los jueces de tutela para subsanar la vulneración de derechos de quienes no alcanzaron a consolidar una pensión.
Si el sindicalismo en Colombia ha de crecer, debería ser con reglas claras y una normativa sistémica y coherente, no de la manera desarticulada e irreal en que lo ha venido haciendo en los últimos años.
Conocer cuáles son, su naturaleza y hacia dónde están encaminados permitirá al sector privado convertir dicha participación de la comunidad en un aliado y no en obstáculo frente al desarrollo de proyectos productivos.
La compensación de este descanso remunerado está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Por regla general, la garantía de este derecho debe reclamarse en la jurisdicción ordinaria laboral, sin embargo, en forma excepcional, hay casos en los que procede la acción de tutela.
Si el sentido del fallo o la sentencia de primera instancia son condenatorios, los procesados pueden continuar detenidos, pero ya no en virtud de la medida cautelar.
Esta será la pregunta que tendrá que resolver la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad en contra del impuesto consagrado en la reforma tributaria estructural.
La aplicación de un enfoque de género en la administración de justicia es fundamento necesario para garantizar el derecho a la igualdad, señala uno de los apartes del fallo que amparó los derechos fundamentales a una magistrada.
Conozca por qué la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró que el municipio de Barichara (Santander) vulneró los derechos colectivos de sus habitantes.
Cuando un funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera y también es sujeto de especial protección concurre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo y la garantía de sus derechos.
La Corte Constitucional abordó en este proceso contencioso administrativo el exceso ritual manifiesto, el cual se presenta cuando el funcionario judicial renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia definió las exigencias que deben cumplir los militares que permanecen en la clandestinidad para acceder al beneficio de la suspensión de las órdenes de captura.
Para facilitar la inversión en el país se requieren, además de la estabilidad macroeconómica que genera un buen ambiente para los negocios, garantías jurídicas que redunden en reglas de juego claras para los empresarios.
Ambos regímenes regulan situaciones de hecho distintas que ameritan un tratamiento legislativo diferente, así lo aseguró la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Un fallo de la Corte Constitucional analiza la reubicación laboral como una garantía del derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por complicaciones en su salud.
El fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado explica los seis supuestos que configuran el defecto sustantivo y agrega que el amparo constitucional procede cuando se acredita la existencia de alguno de estos.
Este proceso materializa el derecho de los menores a tener una familia y, por lo tanto, los requisitos exigidos para adoptar están encaminados a garantizar su interés superior.
El fallador no está facultado para dictar sentencia bajo una calificación jurídica distinta a la que fue fijada por la fiscalía y admitida por el acusado.
Argumentando razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, el Gobierno devolvió la iniciativa al Congreso de la República y le recomendó archivarla.
¿Los empresarios pueden borrar chats de aplicaciones de mensajería instantánea cuando no están vinculados a un proceso penal? Cuando borrar un chat es un delito.
La Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación en la que advirtió que la muerte, como daño antijurídico, puede demostrarse por otro medio diferente al registro civil.
Según la Corte Constitucional, el déficit de protección que existía sobre este asunto fue satisfecho por el artículo 67 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
A través de una serie de fallos recientes, la Corte Constitucional hace un llamado de atención a las entidades estatales para que no sigan abusando de este tipo de contrato.
Se trata de Oswaldo Giraldo López, quien remplaza al jurista Guillermo Vargas Ayala. Conozca el perfil académico y laboral de este nuevo magistrado del Consejo de Estado.
La Corte Constitucional publicó el fallo que condicionó el enunciado y los numerales 1° al 6° del artículo 163 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Se trata de propuestas que buscan reducir el porcentaje de cotización a salud de los pensionados y las semanas de cotización para que las mujeres accedan a la pensión de vejez.
Las disposiciones que regulan aspectos de esta prestación no pueden incluir, de manera expresa o implícita, obstáculos o barreras con enfoques discriminatorios que impidan o dificulten su acceso.
En el recurso de apelación, el togado se defendió diciendo que se le estaba desconociendo el principio de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales.
El profesional del Derecho pretendía hacerla valer en el proceso de separación de cuerpos y liquidación de la sociedad conyugal, como un pasivo de la sociedad.
El fallo explica dos connotaciones del agua: una como servicio público relacionada con el acueducto y otra como derecho fundamental relacionado con el consumo humano mínimo.
Elección Visible, una alianza plural de organizaciones de la sociedad civil, espera que estas sugerencias sean de utilidad e interés y que este proceso concluya con una elección que brinde tranquilidad a los colombianos.
Según el fallo, la entidad estatal debe asegurar, a partir del criterio diferencial de adjudicación, que el programa de reubicación sea compatible con los usos y costumbres ancestrales.
El togado expone una serie de pronunciamientos tanto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional que respaldan su solicitud de insistencia en un expediente de tutela.
Es Economista de la Universidad Incca de Colombia y cuenta con dos especializaciones. Conozca el perfil académico y laboral de este importante funcionario para la Rama Judicial.
Es imposible el registro de un contrato de permuta de bienes inmuebles que al momento de la celebración de escritura pública no existían jurídicamente y no fueron individualizados.
Los proyectos que serían objetados por el Ejecutivo son el que reduciría el porcentaje de cotización en salud a los pensionados y el que reduciría las semanas de cotización para pensión de las mujeres.
En noviembre del año pasado, el entonces consejero Guillermo Vargas Ayala suspendió provisionalmente tanto el Decreto 1189 del 2016 como el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que reglamentaron la convocatoria pública.
De ese resultado, y dependiendo de la puntuación asignada, sus beneficiarios podrán, eventualmente, solicitar las indemnizaciones o pensiones a las que haya lugar.