La Corte Constitucional estudió las acciones de tutela interpuestas por 35 docentes estatales, los cuales solicitaban el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por cancelación tardía de las cesantías, en algunos casos parciales, destinadas a educación y vivienda y, en otros definitivas, por la cesación en el cargo. De acuerdo con lo alegado, la mora en el pago de las cesantías fue, en promedio, entre 90 y 290 días. De acuerdo con todo este contexto, la Sala concluyó que el régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías a los servidores públicos es aplicable a los docentes oficiales. Así las cosas, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad de trato jurídico y al debido proceso por violación directa de la Constitución y, a su vez, dejó sin efecto las sentencias proferidas (M. P. Iván Humberto Escrucería).