La Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación en la que advirtió que la muerte, como daño antijurídico, puede demostrarse por otro medio diferente al registro civil de defunción, como el certificado médico, el testimonio, el acta de levantamiento o la necropsia. Así las cosas, señaló que los fallos proferidos en la jurisdicción administrativa, con ocasión de las acciones de reparación directa, que nieguen la existencia del daño por la inexistencia de ese documento vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, concretamente por no dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, al configurar un exceso ritual manifiesto (M. P. Iván Humberto Escrucería).