Cuando la institución educativa no desvirtúa las declaraciones hechas por los accionantes sobre la falta de recursos económicos para cancelar lo adeudado por concepto de la prestación de este servicio deben tenerse por ciertas. Así lo concluye un fallo reciente de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional  luego de estudiar el derecho fundamental a la educación frente a los derechos económicos de los planteles (M. P. Alberto Rojas).