El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitaron a los ponentes del proyecto de acto legislativo 12 del 2017 (reforma política) la exclusión del texto de los artículos 1° y 14 que somete a consulta judicial las inhabilidades que impongan los dos entes de control a servidores públicos de elección popular. Para la Procuraduría y la Contraloría, los textos propuestos a estudio del Congreso no son susceptibles de aprobación por la vía del fast track, pues no se refieren a materias para agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo de Paz. “Ninguna relación existe entre lo pactado y el hecho de someter el cumplimiento de las decisiones sancionatorias al grado jurisdiccional de consulta”. En el documento adjunto a esta nota puede complementar los demás reparos a esta iniciativa legislativa.