Una acción pública de inconstitucionalidad pretende la inexequibilidad de los numerales 2° y 3° del artículo 332 (figura del encargo y nombramiento en provisionalidad) de la reforma tributaria estructural (Ley 1819 del 2016). Según el concepto del demandante, castigar un año a un funcionario escalafonado para ser encargado por no haber aceptado un encargo o haber renunciado a él, así como no encargar nuevamente a los empleados (ya en encargo) que cumplan los requisitos para ocupar una vacante de superior jerarquía vulnera, principalmente, la dignidad humana y la autonomía de los funcionarios en dichas situaciones. En el documento adjunto a esta nota encuentra las demás consideraciones que tuvo en cuenta el actor.