El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le pidió ayer a la Corte Constitucional declarar ajustados a la Constitución la Ley 1820 del 2016 y sus componentes de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, y el Decreto Ley 277 del 2017, que contiene el reglamento para su efectiva implementación. El funcionario expresó que la ley cumple a satisfacción con los estándares internacionales, ya que impide que perpetradores de crímenes graves cometidos en el contexto del conflicto armado sean objeto de amnistía o indulto. De acuerdo con lo estipulado en el derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) en el marco de la Ley de Amnistía, la Ley 1820 y los beneficios que esta trae en materia de justicia están condicionados a la dejación de las armas y a la satisfacción de las víctimas, explicó el jefe de la cartera de Justicia. Con el fin de solicitar a los magistrados de la corporación la declaración de exequibilidad de la mencionada ley, el ministro recordó que en el mismo Congreso se cumplió con la exigencia de las mayorías, de tal manera que el parlamento quedó habilitado para conceder amnistías o indultos por delitos políticos. “No sobra recordar que el articulado de la ley ya se encontraba en el texto del Acuerdo Final, el cual fue debidamente refrendado por el Congreso de la República, con el aval de la Corte Constitucional”, puntualizó.