Ante el Congreso de la República, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó el proyecto de ley orgánica por medio del cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 del 2000, que prohíbe el crecimiento de los gastos de personal. “Esta excepción se realiza con el fin de fortalecer la política pública orientada a la protección de los derechos y garantías de los colombianos, y para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el país en materia laboral”, indicó el ministro. Con este proyecto también se busca atender la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, dar cumplimiento a los fallos judiciales de la Corte Constitucional en esta materia y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Con la entrada en vigencia de esta ley se espera que la modificación de la planta de personal se efectúe durante las vigencias de 2019 y 2020. La iniciativa contempla la creación de 2.800 nuevos cupos distribuidos de la siguiente forma: 2.300 para el personal de custodia y vigilancia y 500 cargos para el área administrativa.