La Corte Constitucional advirtió al Instituto Penal y Carcelario la importancia de entregar los dispositivos de vigilancia electrónica de manera inmediata a quienes gozan del beneficio de prisión domiciliaria. En efecto, el alto tribunal afirmó que al otorgarse este tipo de concesiones por parte de la autoridad competente, ampliando el espectro de la libertad, el Estado se encuentra obligado a desplegar las conductas necesarias para cumplir inmediatamente con dicha orden, debido a que la persona privada de la libertad no debe asumir la carga que se deriva por la falta de implementación de políticas públicas en materia carcelaria. Esto, a juicio de la Sala, constituye un derecho en favor de los internos (M. P. Alberto Rojas).