La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte  Constitucional que declare la inexequibilidad, con efectos diferidos a un año, del Decreto Ley 902 del 2017, que implementa la reforma rural integral, para que en este plazo el Gobierno tramite ante el Congreso la aprobación de los textos que desarrollen integralmente esa parte del Acuerdo de Paz.

Según el concepto del Ministerio Público, la disposición no cumple con el requisito de estricta necesidad, pues no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía  fast track por parte de Ejecutivo. (Lea: Los puntos centrales de la reforma rural decretada por el presidente Santos)

Adicionalmente, se cuestiona que no se incluyera la firma del ministro de Justicia, teniendo en cuenta que hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras. Así mismo, “por tratarse de una normativa con características de código su adopción no está autorizada al Gobierno vía decreto”, agrega el pronunciamiento.

En lo relacionado con la consulta previa, el ente de control confirmó que, aunque se incurrió en algunos errores en relación con las comunidades afrodescendientes, el esfuerzo que se hizo es importante en esta materia. (Lea: Este es el resultado normativo de las facultades extraordinarias para la paz)

Finalmente, y sobre el tema de beneficios, pidió que los reconocidos a los indígenas también se extiendan, mientras dure la vigencia del Decreto 902, a las comunidades negras, raizales y palenqueras.

Procuraduría General de la Nación, Comunicado, Jul. 12/17

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