Recientemente, la Corte Constitucional dio a conocer la sentencia que declaró la exequibilidad del enunciado y los numerales 1 al 6 del artículo 163 del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que establece el ingreso a inmueble sin orden escrita. Así mismo, dispuso la exequibilidad condicionada de la primera parte del parágrafo 1 del artículo 163 ídem en el entendido de que el acceso al domicilio sin orden previa en los casos de imperiosa necesidad determinados en la ley deberá dar lugar a un control judicial posterior, a solicitud del interesado que examine la validez de la actuación policial. La expresión de este parágrafo establece que el personal uniformado que realice un ingreso a inmueble sin orden escrita de inmediato rendirá informe a su superior, con copia al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el ingreso y en el caso que este sujeto considere que no había razón para el ingreso o se hizo de manera inapropiada podrá informar a las autoridades competentes. Según la corporación, la intervención judicial, previa o posterior al acceso al domicilio, sin autorización del morador hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, toda vez que materializa su esencia y aclara que su desconocimiento desnaturalizaría el derecho mismo al permitir la arbitrariedad estatal en su afectación y también la vulneración incontrolada de los derechos conexos, tales como la intimidad y la propiedad privada. Aunado a lo anterior y luego de constatar la ausencia de una norma que determine la jurisdicción competente para realizar dicho control, los términos y condiciones para solicitarlo, los aspectos procesales de control y los poderes del juez al respecto el alto tribunal exhortó al Congreso para que expida una ley que defina estos aspectos (M. P. Alejandro Linares)