La Corte Constitucional estudió la tutela presentada por la abogada Bernardita Pérez Restrepo, quien pretendía el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión, los cuales consideraba vulnerados, principalmente, por un fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En dicha decisión fue sancionada con suspensión del ejercicio de la profesión por dos meses, luego de haber infringido el deber de respeto, en tanto, se dice, injurió a un juez de la República, en el sentido de que estaba actuando no como juez de la República, sino como jefe de una banda de ladrones. El alto tribunal determinó que las providencias controvertidas no incurrieron en defecto fáctico, pues las autoridades judiciales accionadas valoraron los testimonios y el dictamen pericial aportados, los cuales evidenciaron que las expresiones objeto de reproche se apuntaba a señalar que el togado había actuado de forma inmoral. Pero también que se trataba de una afirmación deshonrosa. Así pues, concluyó que no se presentó ninguno de los defectos alegados por la demandante y, en consecuencia, confirmó la decisión que negó el amparo solicitado (M. P. Gloria Stella Ortiz).