Corresponde a las entidades territoriales definir en sus territorios los criterios de inscripción o exclusión de quienes realizan dicha actividad.
La Corte Constitucional explicó la vulneración de derechos fundamentales por la exclusión del programa Colombia Mayor.
Se solicitó a la demandada el reintegro del dinero pagado o proporcional al tiempo faltante y esta emitió respuesta negativa.
No aplica para las demás comisiones que están previstas en el artículo 2.2.5.5.22 del Decreto 1083 del 2015, las cuales tienen condiciones particulares.
Las entidades deberán reportar, a más tardar, el próximo 31 de enero la información de los contratos a los que se les aplicó el procedimiento fijado.
Cuando se ejercita la acción jurisdiccional de protección al consumidor se debe verificar que el negocio no esté exceptuado.
El protocolo adoptado por la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución 10 del 2022 tiene como objeto sistematizar estos procedimientos y actuaciones.
Esta norma rige desde el 1º de febrero del 2022 y deroga las resoluciones 536 y 545 del 2021, expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Para la determinación de la tarifa en cada caso se tiene en cuenta el ingreso de cada empresa, de acuerdo con el Decreto 957 del 2019, para la aplicación de la tarifa diferenciada.
También se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de propiedad de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas como responsables fiscales.
El alto tribunal indicó que se violaron los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la paz de los desmovilizados por parte de la Unidad Nacional de Protección.
No podrían ser reintegrados al servicio público quienes nunca integraron o fueron parte del mismo.
El proyecto de norma se encuentra publicado en la página de Minhacienda y recibirá comentarios hasta el 16 de febrero.
De igual manera, deberá considerar en todo momento el cumplimiento del código de ética aplicable a la profesión contable.
También se conocieron los nombres de los dignatarios de cada sala del alto tribunal de la justicia ordinaria.
En este evento, se tendrían que dejar claras las condiciones de uso, tiempos, derechos, deberes y contraprestaciones para con la administración.
Corte protege derechos de joven en situación de discapacidad ante la decisión de un juez que exoneró a su padre de la cuota alimentaria.
Los horarios entrarán en vigencia a partir del próximo 1º de febrero y estarán vigentes hasta enero del 2023, cuando se expedirá un nuevo acto administrativo.
Los estudiantes universitarios podrán ser pre registrados no solo para presentar las competencias genéricas, sino también para realizar los módulos específicos que se ofrecen en los programas de Educación, Administración, Derecho y afines.
Este documento se suma a las declaraciones del titular de la cartera del Trabajo, que en días pasados precisó quiénes deben pagar las incapacidades por aislamiento ante contagio de covid-19.
A partir del mes de febrero, los servidores públicos y contratistas que hayan diligenciado los formatos en físico deberán actualizar su información en el aplicativo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial eligió a dos mujeres como presidenta y vicepresidenta en 2022.
Agentes del mercado no pueden pretender que los productos sean sometidos a innumerables reparaciones.
Trata sobre la vulneración del derecho al debido proceso al dejar de analizar el caso con perspectiva de género en un proceso de restitución de tenencia.
Nada impide que la administración la consagre en el contrato de trabajo, reglamento interno o en la convención colectiva.
El Ministerio de Comercio modifica el artículo 1 del Decreto 4886 del 2011.
De esta manera, se adiciona el Título 12 transitorio a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías.
El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda contra Ecopetrol al no reunir los presupuestos de la responsabilidad contractual.
Fallo de tutela ordena a la Registraduria incluir el género "no binario" dentro del documento de identidad.
Modifica parámetros de procedimientos y sanciones a los miembros de la institución en aspectos como la violación a los DD HH y el ocultamiento de la identificación policial durante la prestación del servicio.
Ante el vacío sobre la forma de contabilizar los días que comprende una semana, es necesario acudir a la analogía.
Precisiones sobre bases de datos del portal web de la Rama Judicial y el sistema Nueva consulta de procesos nacional unificada.
La norma hace reformas en la legislación penal, en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Código de Extinción de Dominio y también regula las armas, elementos y dispositivos menos letales.
Para dar lugar a la existencia de un error evidente en el precio, este debe ser palpable, claro, sin lugar a equívocos frente a su existencia.
La nueva norma modifica los parámetros de los procedimientos y las sanciones a los miembros de la institución en aspectos como la violación a los derechos humanos.
Es deber de los representantes legales y jefes de unidad de personal, en las entidades del sistema general de carrera y de los sistemas específicos y especiales de creación legal administrados y vigilados por la CNSC, apropiar en sus presupuestos los recursos para cofinanciar y cubrir los costos de...
De acuerdo con sus funciones y competencias de las entidades, están llamadas a adoptar medidas tendientes a la mitigación del riesgo y medidas idóneas para salvaguardar derechos colectivos.
El ordenamiento jurídico protege el derecho que tiene toda persona a la identidad, por lo que permite que se puedan variar ciertos aspectos.
La convocatoria publicada está dirigida a abogados, quienes podrán postularse desde el 26 al 28 de enero del 2022.
Ante el aumento de casos, se puede presentar una importante presión en los servicios de salud, como son las urgencias y consulta externa, por lo que el Gobierno entregó instrucciones.
En todo caso, deberá verificar que en desarrollo de su labor no ejerza jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar.
La Corte recordó que el ejercicio del derecho a la libertad de empresa no justifica la limitación del derecho a la libertad religiosa y de cultos.
Deberán informar al día hábil siguiente al del recibo a la autoridad judicial o administrativa que decretó la medida sobre el no acatamiento.
Los abogados deben formarse hoy en temas relacionados con el ‘legaltech’ y el derecho digital, ya que el mundo requiere de dichas competencias.
Las autoridades deberán adoptar y aplicar la guía de digitalización y automatización de trámites dispuesta en el anexo 1 de la nueva norma.
La Corte admitió una demanda contra el artículo 11 de la Ley 2161 del 2021, por la supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución Política al desconocer el principio de identidad flexible.
La ley no señala como causal de exoneración la existencia de un solo prestador del servicio en el respectivo territorio, pues se debe garantizar la concurrencia de oferentes.
Una providencia ordenó el avalúo y venta en subasta de un inmueble con el que se pretendía el pago de la suma de dinero del deudor principal, distinto del actual dueño del predio.
Tiene un costo total estimativo de $ 3.006 millones, que complementarán los esfuerzos presupuestales que vienen en curso.
Sala Penal confirma fallo en el que se dictan varias medidas para personas privadas de la libertad que permanecen en una URI, en tanto no se logré una mejor ubicación para garantizar el principio de dignidad humana.
Si pagan entre los 8 y 12 meses siguientes al 14 de septiembre del 2021 tendrán derecho al 80 % del capital sin interés de mora.
La existencia de dichos grupos se origina en la necesidad de suplir dentro de la organización niveles intermedios que faciliten la prestación del servicio.
La sola prestación de la garantía no es suficiente para exonerar de responsabilidad, pues se requiere que se preste en debida forma.
El abogado sancionado presentó en reiteradas ocasiones recursos y solicitudes que le fueron rechazados por que pretendían retardar una decisión de fondo probablemente adversa.
Además, es importante que de sus actuaciones queden los soportes necesarios para probar su responsabilidad.
Una tutela alegaba que la Fiscalía demoró más de nueve años en correr traslado de un escrito de acusación.
A través de la Circular Externa 10 del 2014, la ANDJE estableció tres escenarios para la liquidación de créditos judiciales.
Las observaciones y comentarios de los usuarios y partes interesadas se pueden hacer hasta el próximo 29 de enero y podrán ser remitidas a la dirección comentarios_formularios_oficiales@dian.gov.co.
Padres que acuden en calidad de testigos e intervinientes en procesos penales pueden solicitar para sus hijos el servicio de cuidado y/o albergue.
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil es liquidada anualmente, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1074/15 y 2260/19.
En ÁMBITO JURÍDICO tenemos el propósito de brindarle herramientas útiles para su ejercicio profesional diario, conozca las cuantías procesales del año 2022.
Aceptado el impedimento del Magistrado Linares, las votaciones por los proyectos de fallo resultaron en empate.
Los proveedores y/o productores serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información.
Dicho informe se refiere a los asuntos de su competencia, así como de la gestión de recursos financieros, humanos y administrativos asignados.
Se busca promover una mayor participación de las mujeres, para garantizar el derecho al voto en condiciones de igualdad entre ambos géneros, prevenir y atender los casos de violencia.
Revocación directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto no requieren el consentimiento previo cuando sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Así mismo, el usuario podrá presentar la respectiva denuncia o a través de la interposición de recursos, de los que conoce en segunda instancia.
La Supertransporte evidenció que, presuntamente, no han utilizado eficientemente los recursos con los que cuentan y no han realizado las gestiones necesarias para mejorar o ampliar instrumentos para combatir la ilegalidad y la informalidad.
El alto tribunal se pronunciará sobre las demandas contra el artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 2000).
La Ley 1755 del 2015, que regula el derecho de petición, podría ser considerada para obtener la información requerida.
La Procuraduría comprobó que Carlos Enrique Másmela fijó las tarifas de los parqueaderos entre 2014 y 2018 con incrementos y variaciones significativas.
Pruebas y los argumentos que presenten los usuarios de servicios públicos en sus reclamos ante las empresas prestadoras y ante la Superintendencia deben ser evaluados de manera integral.
Sociedades que pretendan realizar una reforma estatutaria de fusión o transformación que no requieran autorización previa deberán cumplir requisitos legales.
La caducidad de la demanda de impugnación de actos o decisiones de órganos directivos de personas jurídicas de derecho privado debe contabilizarse en meses.
Deberá acompañar al adolescente en todas las actuaciones del proceso y, así mismo, se encargará de la garantía de sus derechos.
Se confirmó la sentencia del Tribunal de Nariño que amparó los derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación en materia ambiental de varios ciudadanos en contra de la ANLA, Mindefensa y Mininterior.
La SIC también formuló pliego de cargos en contra de ocho personas vinculadas a Sayco para determinar si estas habrían colaborado, autorizado, ejecutado y/o tolerado dicha acción.
Se incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al rechazar una demanda por no acreditar la confirmación del recibido de la comunicación en el correo electrónico.
Se habilita la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar su monetización y administración.
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al magistrado de la Sección Quinta para dirigir la corporación en el 2022.
Para los niveles técnico y asistencial se pagarán $ 33.350, mientras que para los demás niveles jerárquicos, $ 50.000.
El procedimiento se realizará conforme a la Ley 1904 del 2018, de cuya aplicación no se pueden sustraer las corporaciones administrativas.
Cada entidad financiera deberá expedir una certificación donde acredite el valor total abonado a los beneficiarios.
Conozca las fechas de los sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2022.
La Dirección de Evaluación del ICFES considera que la metodología de clasificación de establecimientos educativos requiere ser modificada en varios aspectos.
Sigue conservando los derechos políticos que tiene frente a la sociedad, es decir, puede seguir deliberando en las asambleas y votar en ellas.
En todo caso, corresponde al prestador observar siempre el debido proceso que debe gobernar la actuación administrativa.
La regulación debe aplicarse al margen de los procedimientos, metodologías o tecnologías que se utilicen para recolectar, usar o tratar ese tipo de información.
La orden se da en el contexto de los escándalos por contratación de esposas de funcionarios de la Presidencia de la República.
Se modifica la categoría de algunos departamentos y los procesos de gestión de información de la entidad.
El propósito es prevenir situaciones que puedan significar reclamaciones judiciales o demandas contra la jurisdicción especial para la paz.
La Ley también crea el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos.
Se consideró la gradualidad y naturaleza propia de los empleos, además de las disposiciones de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI).
Son varias resoluciones alusivas a créditos agropecuarios.
Elaborarán sus presupuestos con base en sus estados financieros: (i) balance, (ii) estado de resultados, (iii) flujo de caja y (iv) sus respectivas proyecciones.
Una vez se verifica que se cumplen los criterios habilitantes y de priorización, el Ministerio de Salud emitirá concepto de viabilidad técnica.
Comisarías de familia e inspectores de policía deben asumir competencias cuando no haya defensores de familia.
La Resolución 799 modifica el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico (RAS).
El objetivo es fortalecer las actividades relacionadas mediante el desarrollo de procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres.
El trámite no tiene costo y la solicitud se deberá resolver de fondo en un término de 15 días.
Consejo de Estado determina si un tribunal incurrió en defectos sustantivos y en desconocimiento del precedente judicial.
La inhabilidad prevista en el artículo 179.8 de la Constitución Política no puede ser leída de manera aislada.
Para el empleador resulta obligatorio continuar con el reconocimiento de aportes a la seguridad social y de prestaciones sociales del empleado.
La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que la Ley 100 de 1993 cobija a todos los habitantes del territorio nacional.
Es improcedente que se restrinja a los aspirantes al cargo a que se inscriban a una sola convocatoria para elección del personero municipal.
Corte protege el derecho a la diversidad étnica y cultural de los indígenas y su libertad de culto.
Si los estímulos prevén como beneficiario el grupo familiar del empleado, la entidad podrá solicitar los documentos que acrediten la existencia del parentesco.
La Sala de Casación Laboral se apartó del criterio jurisprudencial adoptado en la providencia SU-313 del 2020.
Se reiteró el precedente constitucional relativo a que las leyes anuales de presupuesto tienen un contenido prefigurado en la Constitución y las leyes orgánicas que limita la libertad de configuración legislativa.
Habría asesorado en el estudio de los títulos de una propiedad para constituir una hipoteca sobre el bien como garantía del préstamo que recibió de otro ciudadano.
Muchos abogados y beneficiarios que poseen una sentencia se cuestionan por los beneficios y la rentabilidad que vender la sentencia trae a su vida.
Las respectivas entidades y administradoras de pensiones encargadas del pago de las obligaciones pensionales pueden hacerlo.
Los propietarios de los vehículos están habilitados para retirar hasta el 85 % de los recursos aportados a los programas periódicos de reposición.
Se debe considerar la capacidad fiscal de la entidad territorial y que el incremento no supere el límite máximo salarial.
Se fijan reglas que promueven la desconexión laboral de los trabajadores, con el objetivo de que su tiempo libre sea aprovechado y para conciliar la vida personal, familiar y laboral.
La garantía mínima de calidad e idoneidad no solo se suscribe a la calidad, sino también al cumplimiento de términos y condiciones.
Lo que se suspende es la forma de prestar el servicio público, en el sentido de entregar al usuario unas cantidades mínimas básicas e indispensables.
Se anularon los conceptos proferidos por la DIAN en los que sostiene que se trata de dos impuestos diferentes.
El Estatuto del Consumidor aplica a los usuarios de los servicios públicos domiciliaros, siempre y cuando no contravenga la Ley 142 de 1994.
Conformado el cuórum deliberativo, la decisión deberá adoptarse con el voto que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes.
Entre otras medidas, reglamentó el procedimiento para el trámite de consultas a la Oficina Jurídica, aplicable a servidores y contratistas.
Aunque se encontraba suspendido del ejercicio profesional, continuó actuando, además cobró unas expensas irreales.
Se garantizará la estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 del 2019.
Se deben promover nuevas alternativas productivas con sistemas integrados económicamente viables y ambientalmente sostenibles.
En primer lugar, poner en conocimiento de la respectiva EPS o IPS la situación, con el fin de que adopte los correctivos.
Se revocó la sentencia de primera instancia porque la parte accionante no acreditó que las lesiones sufridas por la víctima hubieran sido causadas por agentes de la Policía Nacional.
Es necesario acreditar la insuficiencia de los padres para el suministro de alimentos a los que legalmente estén obligados.
Se suprimen 75 cargos y, a su vez, se crean 193, los cuales serán distribuidos por la Dirección General de la entidad en la planta global.
Se entenderá cumplida la obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo y la licencia de conducción cuando la persona presente al agente de tránsito el documento en físico o presente el mensaje de datos derivado de la consulta en línea y en tiempo real en el RUNT.
El Departamento Nacional de Planeación definió los requisitos previos a la presentación de la solicitud y los criterios a tener en cuenta.
El Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural expidió los Decretos 1878 y 1879, sobre cuota de fomento algodonero, multas de la AUNAP, y registro de plantaciones forestales comerciales.
Para la fijación de los honorarios de cada árbitro los centros de arbitraje tendrán en cuenta la cuantía del proceso.
Sala Penal confirma condena a un sujeto como autor del delito de usurpación de derechos de propiedad industrial que cambió su nombre y lo utilizó para promocionarse como cantante y suscribió contratos de prestación de servicios para realizar conciertos.
No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación minera en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normativa vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente.
Entidades que prestarán dichos servicios no podrán establecer barreras de entrada a los sujetos que demanden su prestación.
El otorgamiento del beneficio a uno de los padres no excluye la posibilidad de que se otorgue al otro, siempre y cuando no sean concomitantes.
La Ley 2161 del 2021 creó un descuento del 10 % sobre el valor de la prima que aplique en 2022.
Si el prestador incumple la obligación de suspensión el servicio, por incumplimiento en el pago, se romperá la solidaridad.
Derecho a constituir partidos políticos o movimientos políticos.
Concedentes tendrán hasta el 31 de diciembre del 2024 para reconocer y medir los activos que estaban concesionados al 1 de enero del 2018.
Interesante pronunciamiento sobre el derecho de acceso a la administración de justicia y el cumplimiento de fallos judiciales en el marco de una acción popular.
Tampoco se configura incompatibilidad para quien ejerce el cargo de alcalde, ya que la normativa no previó esta situación.
El trabajador goza de fuero circunstancial cuando es despedido si su sindicato había presentado pliego de peticiones, lo que da surgimiento al conflicto colectivo.
Ahora continúa la etapa de reglamentación con los diferentes sectores con los que se han adquirido compromisos de ajuste y precisión.
Busca consolidar el marco normativo que estructurará la ruta de formalización masiva y acceso a la tierra para campesinos.
El desacato de los congresistas frente a las decisiones de la bancada, sus manifestaciones públicas en contra de esas decisiones, la sanción de expulsión del partido y la continuidad en sus curules, aunque constituyen hechos que podrían tener otros efectos jurídicos, no configuran la violación al...
El ejercicio de autoridad administrativa como hecho que configura la inhabilidad se refiere al pariente que desempeña un cargo público con poder de mando, facultad decisoria y dirección de asuntos propios de la función administrativa.
El Decreto 1851 del 2021 reconfiguró la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificó el régimen de competencias internas y asignó nuevas funciones, amparado en el cumplimiento a una sentencia de la Corte IDH.
El cupo de emisión y las condiciones financieras generales serán determinados por el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los herederos deben dar inicio al respectivo proceso de sucesión bien ante notario o juez civil, incluyendo los aportes efectuados a la sociedad.
Además del procedimiento de mínima cuantía, se tienen en cuenta aspectos como la contratación con Mipymes y grandes almacenes y la definición de criterios diferenciales de calificación para emprendimientos y empresas de mujeres.
La reforma al Código Disciplinario introdujo varias modificaciones, como la división de las etapas de instrucción y juzgamiento.
Los destinatarios de la “repetición” que prevé el Decreto 1072 del 2015 son los particulares investidos de funciones públicas.
La entrega de la dotación no se realiza porque sea o no provisional, sino porque cumple con los requisitos objetivos para ello.
El ciudadano sufría una enfermedad congénita, perdió el 63 % de capacidad laboral por esa condición que se estructuró desde que tenía ocho meses de vida.
La norma desconocería situaciones que deberían permitir a los sujetos emitir información relacionada con la vida sexual, marital, conyugal o familiar del sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formación sexual.
Debe preferir medios de control menos invasivos, que tengan un mínimo de perjuicios, sin vulnerar los derechos mínimos de sus colaboradores.
Para conocer la totalidad de las tarifas definidas por el Emisor puede consultar el archivo adjunto a esta nota.
Superfinanciera y Colombia Compra Eficiente expiden circular con instrucciones relacionadas con los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos otorgados como garantías.
La resolución rige a partir de su publicación y comenzará a aplicarse, de manera gradual y progresiva, de acuerdo con el cronograma fijado por Colombia Compra Eficiente.
El Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto porque el Gobierno ejerció dos facultades reglamentarias distintas.
Se estableció que no medió paz y salvo, renuncia o justificación suficiente que le permitiera al abogado desplazar de la gestión a su colega.
Las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales para lograr que el servicio se brinde desde el primer día y sin interrupción.
Esta alternativa beneficia directamente a los usuarios, quienes podrán acceder al servicio contando con medios de pago como tarjetas bancarias, códigos QR y efectivo, validado electrónicamente.
El pronunciamiento se da en un escenario de violencia institucional que vulneró los derechos fundamentales de una mujer afrodescendiente en condición de discapacidad cognitiva presunta víctima de violencia sexual.
El consumidor tiene derecho a exigir que se preste el servicio en las condiciones pactadas o la devolución del precio que se haya pagado.
La acción de tutela para la protección del derecho a la consulta previa-improcedencia por cuanto medidas adoptadas por autoridad municipal son de carácter general y no afecta directamente a la comunidad indígena.
Mineducación modificó el Decreto 1381 de 1997, con el fin de garantizar la proporcionalidad de la prima de vacaciones como un reconocimiento a la labor docente
Se precisan los términos de expedición de las licencias, su efecto en la incorporación del suelo urbano, las condiciones de modificación, prórroga y revalidación.
La iniciativa hace reformas al Código Penal y otras normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Extinción de Dominio.
Los daños causados por la muerte de un caballo al hacer contacto con un cable de energía durante una corrida de toros son imputables a la entidad demandada.
La herramienta se implementó en cumplimiento de la Ley 2013 del 2019 y el Decreto 830 del 2021.
La abogada, según las pruebas del expediente, abusó de las vías de derecho en varias oportunidades, reiterando su pretensión de nulidad procesal en ocho oportunidades y bajo distintas herramientas legales, primero con el incidente de nulidad, el cual en principio no debía prosperar por no...
Solo hay dos únicos eventos en que el prestador puede perder el derecho a recibir el pago por el servicio prestado.
Se busca que los ciudadanos tengan una alternativa, adicional a las que se ofrecen en el mercado, para suscribir documentos y adelantar trámites ante las entidades públicas.
La norma prevé como condición transversal la prestación de dichos servicios en el marco de un espectáculo público.
Se declaró disciplinariamente responsable al jurista de la falta descrita en el artículo 37, numeral 1º, de la Ley 1123 del 2007, por incumplimiento del deber consagrado en el artículo 28, numeral 10º, imponiéndole sanción de censura.
Concejales de Bogotá presentaron la acción contra el parágrafo transitorio del artículo 6 y la totalidad del artículo 14 de la Ley 2116 del 2021.
Al notario no le asiste fundamento legal para exigir certificación o constancia médica alusiva a la capacidad del usuario.
Para la renovación los ciudadanos no deberán volver a hacer el curso de conducción, pero sí tendrán que realizar nuevamente exámenes de aptitud.
La única acción procedente una vez ejercido el derecho es la devolución del dinero cancelado a título de precio por el bien o servicio adquirido.
Es preciso que se dé estricto cumplimiento a la Ley 581 del 2000, con la cual se reglamenta la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.
Recuerdan el deber que tienen las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna.
La norma establece lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados.
Si existe un culpable al momento de identificar fallas de carácter aritmético, legal o estructural en una liquidación de nómina podría señalar como único autor a la falta de importancia de este proceso en las compañías.
Si a la entrada en vigencia de esta medida el exhibidor presentó la programación del mes siguiente, podrá modificarla para acogerse a lo dispuesto dentro de los tres días hábiles siguientes.
Un hombre se vio afectado por la emergencia ambiental que se desencadenó por la obstrucción de los túneles de la presa del megaproyecto Hidroituango y la consecuente creciente del río Cauca.
El pago de las remuneraciones y de las comisiones de éxito que se reconozcan a los promotores será asumido en su totalidad por la empresa.
La Corte Constitucional ordenó a la UGPP el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobreviviente a un hijo en condición de discapacidad cognitiva.
Las partes del contrato de servicios públicos deberán cumplir obligaciones, ya que no se hacen distinciones entre arrendador y arrendatario.
Se cumplieron los requisitos formales para su expedición en sus fases previa gubernamental, trámite ante el Congreso de la República, sanción presidencial y envío a la Corte Constitucional.
Si bien la materialización del delito no requiere que el propósito perseguido por el agente sea alcanzado, sí es necesario que el medio fraudulento utilizado tenga la potencialidad de conseguir ese fin.
El agente incumplió el deber de custodiar el inventario entregado para el desarrollo de la agencia comercial, así como la constitución de las garantías reales para salvaguardar su indemnidad.
Se configura una especial relación de sujeción entre el extranjero y el Estado en los traslados por protección como en la detención con fines de proceso migratorio.
Durante la suspensión no se podrán adelantar audiencias, ni diligencias, ni se podrán expedir providencias judiciales en ningún proceso jurisdiccional de protección al consumidor, infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal.
Existe un límite de los valores asegurados por cada víctima, por lo que aplica con prescindencia del número de víctimas resultantes de un mismo accidente.
A las personas que pertenecieron a organizaciones armadas que enfrenten las fuerzas del Estado y se acogieron al mencionado instrumento de desmovilización no les aplica “privilegio del combatiente”, pues no es un conflicto armado internacional.
La Fiscalía usó de manera masiva la medida de aseguramiento de detención preventiva como un instrumento de control del orden público en el marco del conflicto armado.
Existe la posibilidad de interrumpir el término de la prescripción con la reclamación escrita por parte del trabajador, en los términos de ley.
