Descargue la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

La Ley 2195 adopta disposiciones para prevenir los actos de corrupción, reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y recuperar los daños ocasionados, con el fin de promover la cultura de legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público. La iniciativa nació en la Comisión Nacional de Moralización.

 

¿Cuáles son los pilares de la ley?

 

• Prevención y pedagogía.

• Sanción.

• Fortalecimiento institucional.

¿Cuál es la estructura de la ley?

 

Está conformada por 69 artículos, integrados en 11 capítulos, cuyos títulos son:

 

1. Fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción.
2. De los sistemas de administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación y extinción de dominio.
3. Beneficiarios finales.
4. Sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción.
5. Pedagogía para la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.
6. Fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción.
7. Modificaciones a la acción de repetición.
8. Disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia.
9. Disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción.
10. Disposiciones en materia de responsabilidad fiscal.
11. Otras disposiciones. (Lea: Sancionan Ley de Transparencia, se levanta el velo corporativo para luchar contra la corrupción)

 

Principales medidas que contempla la ley

 

Agilización del trámite de extinción de dominio

 

Con esta ley se habilitará la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar su monetización y administración.

 

Conocer los beneficiarios finales de las contrataciones

 

Las entidades que ejerzan inspección, vigilancia y control, o que tengan funciones de investigación fiscal o disciplinaria orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada tendrán acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), que será administrado por la Dian.

 

Creación de bases de datos unificados

 

Se busca eliminar las barreras que existen frente al acceso a la información pública entre entidades y lograr sistemas de información abiertos, transparentes y unificados, siempre respetando los derechos fundamentales y la reserva de la información.

 

Pedagogía sobre transparencia y lucha contra la corrupción

 

En los proyectos educativos de los colegios se establecerán de forma transversal competencias en integridad, transparencia y respeto de lo público. Así mismo, se crea la figura de contralores estudiantiles, para promover la rendición de cuentas desde la participación estudiantil, promoviendo la honestidad, la transparencia y la participación democrática.

 

 

Por primera vez, una ley invita a la ciudadanía, y especialmente a la juventud, a participar en transparencia y prevención, mediante contralores estudiantiles. Además, crea un fondo para reparar a víctimas y fortalece la #AcciónDeRepetición contra servidores públicos corruptos. pic.twitter.com/BUMpV6zCEh

— Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) January 18, 2022

 

 

Ajustes a la acción de repetición

 

- Simplificación de los supuestos que sirven para las presunciones de dolo y culpa grave.

- Se reduce de seis a tres meses el término previsto en el artículo 8 para ejercitar la acción.

- Ampliación del término de caducidad de la acción de 2 a 5 años, con el fin de poder ejercer la acción y recuperar los dineros públicos.

- Para el llamamiento en garantía se propone que no se exija la prueba sumaria de la conducta dolosa o gravemente culposa. Por el contrario, que solo sea exigible identificar el o los servidores que desplegaron la acción u omisión respecto de la cual se reclama la responsabilidad en la demanda y la prueba de esta situación.

- Se propone flexibilidad de la entidad pública en torno a una conciliación, que le permita si esta se adelanta en el curso de la acción de repetición o de manera prejudicial.

- Con base en lo anterior, se modifica lo relacionado con la conciliación judicial y extrajudicial y se propone un nuevo artículo relacionado con acuerdos de pago.

 

Novedad para quienes incumplan contratos del PAE

 

Se incorporaron nuevas medidas en aras de garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes y cerrarle el paso a quienes se aprovechan de los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Entre ellas: i) mayor tiempo de inhabilidad por la imposición de dos multas por incumplimientos o mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales e ii) incorporación de facultades excepcionales al artículo 14 de la Ley 80 de 1993, para la interpretación y modificación unilateral de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos.

 

Indemnizaciones a las víctimas de hechos de corrupción

 

Teniendo en cuenta los regímenes de responsabilidad jurídica aplicables en Colombia, se le dará un lugar central a los afectados y se permitirá la imposición de multas para tener mayor disuasión de las conductas corruptas e indemnizar a los afectados individuales y colectivos de actos de corrupción.

 

Los dineros provenientes de las indemnizaciones pecuniarias por vulneración de los derechos colectivos irán a un fondo cuenta a cargo de la Procuraduría General de la Nación, que deberá destinarse al restablecimiento de los derechos colectivos indivisibles de afectados por los actos de corrupción, y a la reparación no pecuniaria de las víctimas individuales y colectivas.

 

Levantamiento del velo corporativo

 

- Cuando se cuente con serios indicios de que la acción u omisión atribuida a la persona jurídica haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones de estos sujetos.

- Cuando la persona jurídica promueva o se halle en estado de insolvencia o liquidación y ponga en riesgo el resarcimiento del patrimonio público afectado.

- Cuando la lesión al patrimonio público o a la afectación de intereses patrimoniales de naturaleza pública se haya generado por explotación o apropiación de bienes o recursos públicos en beneficio de terceros.