“En materia de oralidad, no tenemos las suficientes salas de audiencia. En el Consejo de Estado ya tenemos un represamiento grave”, advirtió la nueva presidenta del alto tribunal.
Tres integrantes del Grupo por el Pluralismo Jurídico en Latinoamérica, apoyado por el programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, compartieron con ÁMBITO JURÍDICO sus inquietudes sobre el tema.
El funcionario judicial que omite actividades tendientes a la protección del niño, lo intimida o asume una actitud pasiva en materia probatoria responde penal y disciplinariamente.
Los miembros de las Fuerzas Militares están sujetos al ejercicio ordinario por las autoridades militares y al régimen extraordinario por la Procuraduría.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión llamó la atención sobre el papel de los funcionarios estatales en la protección del derecho a expresarse libremente.
Cuando la decisión de la cual se predica el impedimento se deriva de una orden impartida por el juez constitucional, el funcionario debe acatarla expresamente.
El Gobierno, la fuerza pública, la Procuraduría y la Fiscalía deben asumir las responsabilidades que les correspondan y adelantar las investigaciones a que haya lugar.
El concepto sobre la conformación de dichas áreas que rindan las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial no es vinculante.
Este término no solo evita la negligencia del interesado en el ejercicio del derecho de acción, sino que impide la desestabilización permanente de las relaciones familiares.
Las entidades se abstendrán de hacer la inscripción, renovación o actualización de los proponentes, si la información presentada no es suficiente o es inconsistente.
Resulta contrario al principio de solidaridad que las congregaciones que optaron por no afiliar a sus miembros a la seguridad social aspiren a que el erario cubra las contingencias de vejez.
En estos casos, el empleador debe pagar los aportes a salud de la mujer, pero no los salarios dejados de percibir con motivo de la separación del cargo.
El comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, relator sobre Derechos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, también ejercerá como relator para Colombia.
La legitimidad de la justicia transicional depende, en gran medida, de la manera cómo es elaborada, opina este investigador en derechos humanos y Derecho Penal Internacional.
Quienes liquidaron industria y comercio sobre los ingresos destinados al sistema de riesgos profesionales antes de que se profiriera la Ley 788 incurrieron en pago de lo no debido.
Hay que superar un gran error histórico: que los recursos ilícitos sirven a la economía, pues, realmente, terminan destruyendo la sociedad, afirma el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Desde la Sentencia SU-624 de 1999 se les dio absoluta prevalencia a estos derechos frente a las medidas restrictivas adoptadas por los colegios para garantizar el pago de obligaciones en mora.
La evolución de la sociedad hace difícil imaginar que no solo los delitos informáticos, sino cualquier delito, no impliquen evidencias electrónicas relacionadas con conexiones a internet[1].
No existe diferencia de trato frente al cómputo del plazo a partir de la reclusión en establecimiento carcelario, para quienes se desmovilizaron estando en libertad.
El alto tribunal reprochó la conducta del ISS, porque redujo abruptamente el traslado de expedientes a Colpensiones, lo que contribuyó al incumplimiento de las obligaciones.
Si existe diferencia entre el monto de los ahorros y los rendimientos obtenidos, debe permitirse que el trabajador aporte esa cantidad, para equilibrar el ahorro pensional.
Para el Presidente de la República, estas tareas distraen a las altas cortes de sus funciones naturales y les hacen perder tiempo en temas burocráticos.
La Filosofía del Derecho busca determinar aquello que es filosóficamente correcto por medio de una exposición científica que ocupa un lugar especial dentro del monstruo que es el sistema filosófico hegeliano.
La falta de profesores en las escuelas del campo afecta la igualdad de oportunidades de sus estudiantes y profundiza las dificultades de la prestación del servicio.
Para acabar de consolidar el papel del arbitraje en materia societaria, será necesario que las empresas actualicen sus cláusulas compromisorias incorporando la nueva ley.
El Consejo de Estado desestimó la inclusión de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, cuando la actuación originadora del daño se genere por la privación injusta de la libertad.
La demanda se tramita en contra de un aparte del artículo 13 de la Ley 797 del 2003, que reforma algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones.
La amenaza a esta garantía en contra de menores de edad habilita a cualquier particular para asumir la agencia oficiosa e interponer una acción de tutela.
Los planes de recuperación del espacio público que adelanten las administraciones locales no se pueden imponer sobre la subsistencia de la población en condiciones de especial vulnerabilidad.
Este conjunto de ensayos del doctrinante puertorriqueño Joel Colón Ríos es un estudio sistemático sobre la tensión entre el constitucionalismo y la democracia.