Líderes de diferentes iglesias diseñarán con el Gobierno una política pública destinada a asuntos religiosos.

Así lo señaló el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, al término de la segunda reunión con el comité interreligioso consultivo en asuntos religiosos, consciencia y culto, del que forman parte representantes de más de una decena de organizaciones religiosas.

Entre los participantes, está la Conferencia Episcopal Colombiana de la Iglesia Católica; la Federación Consejo Evangélico de Colombia; la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto; la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia; la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Comunidad Judía de Colombia y el centro Cultural Islámico en Colombia.

El ministerio afirmó que viene adelantando un diálogo permanente con estas organizaciones, ratificando el respeto a la Constitución y la garantía del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.

“No queremos un discurso retórico respecto a la libertad religiosa. Trabajamos para garantizar la plena vigencia de los derechos a la libertad, la igualdad y el respeto religioso. Esperamos muy pronto hacer realidad la nueva política pública de asuntos religiosos. Reconocemos que en el país cada vez son más las iglesias que cumplen un papel evangelizador y social”, afirmó Iragorri.

Surtido el proceso consultivo, se espera elevar el nivel de interlocución estatal con las diferentes iglesias y confesiones.

“Estamos abiertos a evaluar todas las opciones jurídicas para que las iglesias se sientan más escuchadas y representadas al interior del ministerio”, indicó el jefe de la cartera política.

Justamente, hace dos semanas, el Consejo de Estado les recordó a las iglesias que generar ruido por encima de los niveles legalmente permitidos implica un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de cultos.

La corporación reiteró que el núcleo esencial de esa libertad está constituido por las posibilidades, no interferidas por entes públicos o privados, de autorizar el testimonio externo de las creencias, siempre que esto no amenace los derechos de otros ni perjudique a la comunidad y la convivencia social.