La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe Garantías de independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas, aprobado por el pleno de ese organismo el 5 de diciembre del 2013. Este informe, de 112 páginas, fue elaborado con base en un cuestionario de consulta hecho a los Estados y la sociedad civil, con el que se identificaron, entre otros puntos, las obligaciones de los Estados en esta materia, para lograr una actuación independiente de los funcionarios judiciales. Según el diagnóstico presentado en el documento, en varios países del continente los funcionarios judiciales desempeñan sus labores en ausencia de garantías, lo que afecta su independencia, tanto en un nivel individual como de las instituciones que trabajan. Dentro de las recomendaciones formuladas por la CIDH está la consolidación de la separación de poderes, la adopción de medidas para garantizar la independencia de la Fiscalía y la asignación de recursos suficientes para que los órganos judiciales y la defensoría pública puedan cumplir con sus tareas.