La Sección Primera del Consejo de Estado admitió una demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad, contra la Directiva Presidencial 004 del 2013 en la que se solicita a las entidades de la Rama Ejecutiva información sobre los árbitros que se pretenden designar para conformar tribunales de arbitramento. Según el demandante, con esa directiva se crea un mandato para los jefes de la administración para que envíen las hojas de vida de los preseleccionados como árbitros al Departamentos Administrativo de la Presidencia de la República, previa postulación de los mismos, sin tener un sustento jurídico, en contravención al principio de legalidad y en contra de la autonomía administrativa. Advierte la demanda que con la directiva se impone una etapa previa al inicio del proceso arbitral que impacta la celeridad y dilata el tiempo de resolución de conflictos vulnerando el acceso a la justicia (C. P. María Elizabeth García González).