La Corte Constitucional subrayó que la interceptación de comunicaciones privadas solo es lícita en la medida en que se cuente con una orden judicial y que quien haga uso de esa atribución sin observar este precepto debe asumir las responsabilidades del caso. Indicó que fue esa la principal conclusión que respecto al proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia, hoy Ley 1621 del 2013, hizo el alto tribunal. A su juicio, el propósito central de la norma es proteger el derecho a la intimidad y muchos otros que se habían visto vulnerados con ocasión de interceptaciones ilegales que se adelantaron haciendo uso de este tipo de herramientas. Finalmente, el presidente saliente del alto tribunal, Jorge Iván Palacio, indicó que el Gobierno, la fuerza pública, la Procuraduría y la Fiscalía deben asumir las responsabilidades que les correspondan y adelantar las investigaciones a que haya lugar.