Los magistrados María Victoria Calle, Luis Guillermo Guerrero, Alberto Rojas y Luis Ernesto Vargas concluyeron que el dolo no puede constituirse a partir de la mera aplicación de la presunción de que los jueces saben lo que firman. A partir de esta postura, se opusieron a la decisión de la Corte Constitucional de ratificar la pena que le impuso la Corte Suprema de Justicia a un juez por falsedad ideológica en documento público, tras comprobar que firmó el acta de una audiencia a la cual no asistió. Los juristas indicaron que la construcción del dolo a partir de sospechas injustificadas significa una “grave injerencia” en los derechos de los ciudadanos. A su juicio, ello constituye una falacia normativista, ya que se considera probado el hecho porque así debería ser la realidad; además, dicen, convierte una presunción relativa en absoluta, cuando en materia penal esta probabilidad solo se confirma en presencia de las pruebas (M. P. Mauricio González).