Como ajustada a la Carta Política de 1991 fue declarada la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (Ley 1623 del 2013), por decisión de la Corte Constitucional. La Sala Plena resaltó que este nuevo instrumento genera mayor rigurosidad en la prevención del ingreso de desechos nucleares o tóxicos a países en vía de desarrollo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución. La Procuraduría había solicitado declarar constitucional el convenio (M. P. Luis Ernesto Vargas).