“Es fundamental que existan garantías reforzadas para el ejercicio libre de la expresión”: Catalina Botero

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, visita por estos días Colombia, en el marco de la conmemoración del día del periodista y la divulgación de informes de organizaciones de libertad de prensa.

 

Esta abogada colombiana ha liderado importantes procesos ante el sistema interamericano de derechos humanos, en alianza con el relator especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.

 

En diálogo con ÁMBITO JURÍDICO, Botero llamó la atención sobre el papel de los funcionarios estatales en la protección del derecho a expresarse libremente y abordó aspectos particulares, como la formación de los jueces.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿En qué estado quedó la Relatoría después de la reciente reforma al reglamento de la CIDH?

 

Catalina Botero: Quedó fortalecida. Hubo un debate importante sobre el papel de la Relatoría y la decisión final la fortaleció, como una oficina autónoma, que supervisa el estado de la libertad de expresión en la región, con criterios técnicos.

 

Á. J.: ¿La dinámica va a cambiar en cuanto a los informes anuales de la Relatoría?

 

C. B.: No. Esa fue una propuesta que podría haber conducido a eliminar el informe anual de la Relatoría. Lo que hizo la CIDH fue presentar una contrapropuesta. No habrá solo un informe de la Relatoría, sino que se publicarán anualmente, en el mismo momento, todos los informes de todas las relatorías.

 

Á .J.: ¿A qué puede atribuirse esta especie de ataque dirigido contra la Relatoría por algunos gobiernos?

 

C. B.: Yo creo que en la región hay enormes avances en materia de libertad de expresión, pero también creo que hay desafíos importantes. Cuando los órganos internacionales de supervisión marcan esos desafíos, la lectura de algunos gobiernos es que se trata de una intervención arbitraria o una violación a su soberanía. Pero esos órganos internacionales fueron creados justamente para hacer esa supervisión y poner de presente cuándo hay amenazas que pueden afectar derechos como la libertad de expresión. Creo que esa reacción desproporcionada frente a las funciones normales de los órganos internacionales de supervisión es lo que generó todo el debate.

 

Á. J.: En la región se discute sobre nuevas leyes sobre propiedad y acceso a los medios de comunicación. ¿Cómo compaginar el derecho a la libertad de empresa y la propiedad privada con el tratamiento de la información como derecho y no como mercancía?

 

C. B.: Es la misma pregunta de cómo compaginar la libertad con la igualdad en un Estado constitucional y democrático de derecho. Existen criterios de ponderación. La única manera de que la información pueda ser realmente útil para los ciudadanos, no como una mercancía de entretenimiento, sino como realmente un elemento fundamental para la formación de la opinión pública y la deliberación democrática es que haya libertad. Si no hay libertad y el Estado controla la información, no es posible que esta sea un instrumento para la deliberación colectiva. Es fundamental que existan garantías reforzadas para el ejercicio de la libre expresión, de la divulgación de ideas y opiniones, y, al mismo tiempo, que exista una oferta más plural, inclusiva, democrática, con distintas voces y visiones. Las dos cosas se pueden compatibilizar perfectamente.

 

Á. J.: La nueva ley de Uruguay no ha tenido tantos detractores como la de otros países. ¿Qué resalta de esta normativa?

 

C.B.: No se ha aprobado la ley, y esta tiene enormes ventajas. En este momento de deliberación se han incluido temas que hay que revisar. Se resaltan las garantías reforzadas de protección de la libertad de expresión. No es una ley para controlar los contenidos, ni para encarcelar a las personas que dicen lo que el gobierno no comparte, ni para quitar las radios a sectores críticos. Es una ley para la libertad, pensada como un proyecto garantista con instrumentos de inclusión. Además, tiene mecanismos de lucha contra la posición dominante, de distribución democrática de frecuencias electromagnéticas. Claro que como todas las leyes, esta también tiene unas dificultades que hemos puesto de presente y que ahora están en deliberación, pero esto es natural en el trámite legislativo en gobiernos democráticos.

 

Á. J.: Hay países, como México, que atraviesan por situaciones de violencia crónica contra periodistas. De implementarse mecanismos de reparación ¿cuál sería el ideal?

 

C. B.: La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una serie de decisiones importantes en materia de reparación, con aspectos claves relacionados con la libertad de expresión. La primera es que el Estado reconozca la violación y también la legitimidad del discurso que fue sancionado o la actividad que el periodista estaba ejerciendo que generó la violencia. Es fundamental el mensaje simbólico de legitimidad del trabajo de los periodistas o de los críticos, de las personas que de alguna manera son sancionadas, estigmatizadas o reprimidas por ejercer su libertad de expresión.

 

Lo segundo es restablecer el derecho. Por ejemplo, si un medio de comunicación desaparece por cuenta de la arbitrariedad del Estado o de la violencia de grupos al margen del Estado y este no protegió a la persona, debe reconocerse ese daño, permitir que la persona vuelva a tener el espacio para tener la voz que fue silenciada. Luego hay otro tipo de reparaciones simbólicas, que la Corte ha ordenado, como las cátedras y discusiones públicas sobre las sentencias.  La liberad de expresión, como todos los derechos, necesita un contexto para ser protegida, y ese depende de una sociedad vigorosa que entienda su valor.

 

Á.J.: ¿Al ser la libertad de expresión un derecho de doble vía, cómo se repara a la sociedad?

 

C. B.: Restableciendo la voz y educando. Muchas de las personas que desde los Estados han espiado a periodistas o los han perseguido consideran que lo estaban haciendo en nombre de la democracia. No tienen una sensibilidad y una formación que les permita entender que una democracia es precisamente todo lo contrario, que consiste en aceptar que hay voces críticas, contradictores, debate y deliberación. Pero para ellos defender la democracia era eliminar el debate contradictor. Por eso es necesaria la formación y educación de funcionarios, para que no se repitan estos hechos.

 

Á. J.: Justamente, en junio del año pasado, las relatorías emitieron la Declaración Conjunta sobre los programas de vigilancia y cómo afectan estos la libertad de expresión. Ahora, se libran nuevas “ciberbatallas”. ¿Cómo blindar a los periodistas?

 

C. B.: Hay tres cosas. Por un lado, las leyes que amparan los programas de vigilancia suelen ser ambiguas, muy generales, lo que no da ninguna garantía. Eso hay que reformarlo. Los programas de vigilancia existen en todas las partes del mundo y son importantes para la lucha contra el delito, pero tienen que estar enmarcados en leyes suficientemente precisas con controles intraorgánicos, judiciales y políticos.

 

Hay un segundo tipo de situaciones, la vigilancia ilegal. Hay países donde a los periodistas les interceptan los correos electrónicos y luego los mensajes son publicados en medios del Gobierno, o casos de espionaje y estigmatización, como campañas contra la prensa crítica y otros sectores. Eso es ilegal e inadmisible. Quienes lo hacen debe estar sometidos a juicios severísimos y no puede haber impunidad, por eso es grave que se den prescripciones en procesos sobre estos hechos. 

 

El tercero es el espionaje horizontal de sectores que no son del Estado pero que no están interesados en que haya una voz que se pronuncie. Hackean cuentas o hacen ataques cibernéticos. Debe darse una reforma en el marco jurídico para que esos ataques no se produzcan. Esto significa que tienen que existir órganos especializados para investigar este tipo de delitos cibernéticos, que son una forma censura indirecta muy grave.

 

Á. J.: ¿Cuál es el principal factor de riesgo para los periodistas en el continente?

 

C. B.: La violencia física. Especialmente las tres dimensiones de la criminalidad organizada. Una de ellas, en el contexto de institucionalidades débiles, es que no hay quién proteja a la prensa. La segunda se manifiesta cuando la criminalidad organizada es capaz de capturar a las instituciones, que se traduce en el peor de los mundos, porque quien tiene que proteger al periodista se vuelve su principal amenaza. Finalmente, cuando los órganos estatales que legítimamente salen a rescatar la seguridad no están entrenados para hacerlo en el contexto de una sociedad democrática, esto conduce a que, si alguien los critica, inmediatamente es identificado con el enemigo. Felizmente esta situación no sucede en toda la región, pero donde sucede es brutal.

 

Á. J.: ¿Cuál es el nivel de los jueces y abogados de los países del sistema en materia de libertad de expresión?

 

C. B.: No creo que se pueda generalizar. Hay jueces que no solamente están bien formados, sino que son de una valentía impresionante. Debe entenderse que iniciar un proceso contra un narcotraficante por violencia contra un periodista no es fácil. Se están jugando la vida de forma incógnita para fortalecer procesos democráticos. Son héroes cotidianos. Evidentemente, hay distintos niveles en la formación. Por eso es importante trabajar con las escuelas judiciales. También hay jueces que no tienen protección. Por eso, en los casos de jueces o fiscales que están solos en la zona dominada por el grupo armado, que se jueguen la vida completamente, hemos sostenido que esos procesos deben llevarse ante jurisdicciones nacionales o federales, como en México o Brasil.

 

Á. J.: La libertad de expresión trasciende de la tarea periodística. ¿Qué otra profesión o actividad sufre de graves casos de restricciones a este derecho?

 

C. B.: Los defensores de derechos humanos. Ellos tienen como herramienta fundamental la libertad de expresión. Con la palabra, buscan hacer entender a la sociedad la magnitud de sus denuncias. Ellos son muy amenazados.