Así lo determinó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de una acción de tutela.

Son excluidos el riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria y la asistencia técnica en el sector.

El Presidente de la República ha anunciado los funcionarios que lo acompañarán en distintos sectores de su administración.

Así mismo, les solicitó hacer un estudio de las situaciones que han disparado la violencia en sus jurisdicciones, el cual estará contemplado en la política de seguridad y convivencia del PND.

Así mismo, solicitó proteger las reclamaciones de quienes aspiran a gozar del derecho a la tierra, buscando consensos a través del diálogo y la concertación.

Una acción popular amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al aprovechamiento racional de los recursos naturales y la defensa del patrimonio público.

Ante las circunstancias que rodean al accionante es plausible efectuar un análisis diferenciado del término de caducidad, a fin de garantizarle el acceso a la administración de justicia.

Dentro de la aplicación de las instituciones jurídicas resarcitorias propias de la justicia transicional, se encuentran instituciones que tocan y alteran el derecho real de propiedad.

El artículo 64 (constitucional) establece el deber para el Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

Se publicó la que puede ser la decisión más ambiciosa de los últimos años, que se debate entre el reconocimiento y la inoponibilidad de las sentencias emitidas por los jueces civiles en procesos de pertenencia que han reconocido el derecho de propiedad a particulares respecto de predios baldíos.

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo alertó insuficiencia en los recursos destinados para la atención a víctimas del conflicto armado.

La Corte Constitucional constata grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

El catastro multipropósito, por sí mismo, no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas relacionadas con la tenencia de la tierra.

Explican la importancia de la motivación de las sentencias para la protección de los derechos en procesos de restitución de tierras.

Del billón de pesos relacionados en las actas de entrega por parte de la FARC-EP, únicamente se constituyó un patrimonio autónomo en la vigencia 2021 por $ 43.000 millones.

Se presentan cuatro cargos, como el supuesto desconocimiento de la obligación constitucional de cumplimento del Acuerdo Final de Paz.

El mandatario electo nombró a su nuevo Comisionado para la paz.

El convenio tiene como propósito diseñar una estrategia integral para gestionar la recuperación de bienes indebidamente ocupados en los espacios marino-costeros del país.

Se precisa la importancia del reconocimiento de la calidad de víctima para beneficios especiales previstos en la Ley 1448 del 2011.

Varios han sido los gobiernos de izquierda, distintos del que se inicia el 7 de agosto. Entre izquierda y derecha, ha habido siempre un mano a mano.

En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, Ramsés López Santamaría, vicerrector de Investigaciones de la Universidad Autónoma del Cauca, analiza cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los estudiantes de Derecho de la región.

¿Quiénes son sujetos de protección y quién estarán a cargo de la misma? entre las adiciones que realizó la entidad.

La discusión relativa al Derecho Tributario y a la forma en la que se desarrollen los procesos tributarios se encuentra ligada a la concepción de Estado que tiene el futuro Presidente.

El proyecto de Constitución refleja la confianza en el poder normativo y transformador que también el constituyente chileno deposita en ese invento maravilloso del Derecho que son las Constituciones.

Para el peruano Mariátegui, el problema del indio está ligado a la lucha por la tierra que le arrebató la colonización española, sin tener en cuenta la protección pedida por Isabel la Católica en su testamento y codicilo.

Inmuebles que fueron baldíos adjudicados a sus ocupantes no podrán ser enajenados si su extensión es mayor a la unidad agrícola familiar de la zona en la cual están ubicados.

En Colombia, al voto se le llama sufragio, porque hasta los muertos votan.

Los incentivos ofrecidos y las promesas del regulador sobre la liberación de capacidad ociosa y la objetividad en los criterios de asignación deben honrarse para que haya confianza en el sistema y seguridad inversionista.

La minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico, entre otros negocios, han funcionado como combustible del conflicto armado experimentado con gran intensidad en regiones como el pacífico colombiano.

Desde su experiencia como abogado, Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional, compartió con ÁMBITO JURÍDICO sus propuestas en materia de justicia.

El mundo actual exige un entorno de negocios más transparente, más equitativo y que verdaderamente beneficie a la sociedad.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la afectación directa por la instalación de antenas de telecomunicaciones y el deber de adelantar el trámite consultivo a la comunidad negra.

La masificación de la economía digital que está revolucionando el mundo y las nuevas formas de interacción humana tienen importantes implicaciones en el ámbito jurídico.

Corte Constitucional explica si un medio de comunicación vulneró los derechos de una víctima del conflicto armado y su núcleo familiar.

Estos sucesos del siglo XIX nos enseñan que la historia jurídica de los derechos de los animales aún está por construir en estas tierras.

¿Por qué este caso se resolvió tan ágilmente? En realidad, no se ha resuelto. Ya se sabe que el antagonista de esta historia sí cometió homicidio, pero estamos lejos de una sentencia condenatoria.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz reiteró su decisión de abrir tres

José Orlando Castañeda es un colombiano que emigró a Estados Unidos y, desde el 2007, ejerce como juez penal de Port Chester, al norte Nueva York.

Los preacuerdos terminaron convertidos en un enmarañado sistema de sumas y restas, protocolos y cronómetros.

Esperamos que este año se afiancen principios sólidos de seguridad jurídica en áreas rurales, que, a la fecha, han brillado por su ausencia.

Busca consolidar el marco normativo que estructurará la ruta de formalización masiva y acceso a la tierra para campesinos.

El contrato de mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración.

Un hombre se vio afectado por la emergencia ambiental que se desencadenó por la obstrucción de los túneles de la presa del megaproyecto Hidroituango y la consecuente creciente del río Cauca.

Estas inversiones serán acreditadas por la agencia, para los pozos perforados o que inicien perforación durante los años 2021 y 2022, a partir de la vigencia de este acuerdo.

Según la abogada Laura Castillo Garay, si bien en Colombia existe una conducta penal que sanciona el ofrecimiento engañoso de productos y servicios, su inaplicabilidad hace necesaria una reforma legislativa.

En la realidad, las partes están conciliando por fuera del trámite judicial.

El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e...

Pasar por alto la situación de aquellos puede generar una lesión inaceptable a otros mandatos constitucionales.

El Gobierno fijó disposiciones que permitan armonizar el contenido de los conceptos desarrollados por las leyes 1849 del 2017 y 1955 del 2019 y el Decreto 2136 del 2015.

La judicatura es ad honorem y tendrá un tiempo de duración de nueve meses. Quienes deseen más información pueden escribir al correo evelis.sinisterra@supernotariado.gov.co.

Los delincuentes encuentran trabajo dondequiera que este sea rentable. La propiedad intelectual no es la excepción.

A 30 años de la promulgación de la Constitución el ordenamiento territorial implementado normativa y materialmente todavía no refleja el multiculturalismo y la diversidad étnica y cultural de la Carta.

No corresponde a la entidad emitir un acto general de interpretación sobre requerimientos de acreditación, pues esta atribución es exclusiva del legislador.

Quisiéramos que el magistrado Tolosa, que se retira por finalización del periodo, se perpetuara en nuestra Corte Suprema de Justicia para tener la dicha de seguir disfrutando su jurisprudencia y su gran desempeño en esa corporación.

En sus clases, el profesor Armando Suescún repudiaba el papel de Colombia como país consumidor de normas e instituciones jurídicas extranjeras.

Vamos por el camino equivocado y esta decisión de la jurisdicción ahonda las dificultades para preservar inversiones lícitas en áreas rurales.

Los valores de referencia de la tierra adoptados serán actualizados automáticamente cada año de acuerdo con el salario mínimo mensual adoptado por el Gobierno.

Colombia tiene parecido a Bolivia en una parte, a Argentina en otra, y como la costa peruana más allá; tiene algo de México y algo del Brasil.

Corte Constitucional reiteró las reglas jurisprudenciales sobre el derecho al acceso progresivo a la tierra.

Se busca optimizar la administración y asignación de áreas, al igual que mantener la integridad y mejorar el manejo operacional de la información espacial de las áreas que administra la agencia.

Se trata de una reciente resolución expedida por el Ministerio de Agricultura, la cual rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones contrarias.

El presidente Marco Fidel Suárez, en un Sueño, de 1927, celebró la inauguración del ferrocarril de Chiquinquirá.

Corte Suprema determinó que el predio de la Terminal de Transporte de Valledupar no podía prescribir a favor de una ciudadana.

La deforestación, así como su promoción y financiación se convierten en un delito que será sancionado hasta con 15 años de prisión.

Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, presentó un balance de los avances más importantes en este gobierno.

Continua el debate en torno al regreso a las sedes judiciales, quienes están en contra de este modelo destacan las ventajas que ha demostrado la virtualidad durante la pandemia.

La Corte Constitucional concedió una acción de tutela a 107 personas del departamento de Bolívar en contra de la ANT, con el fin de que la entidad adelantara los trámites administrativos correspondientes dentro procesos de acceso a tierras.

Especialmente en cuanto a la política exterior, Trump representa un regreso a un conservadurismo anterior, escéptico ante las intervenciones extranjeras.