Procuraduría suscribe otrosí para recuperar bienes de uso público en las costas

La Procuraduría General suscribió un otrosí al convenio interinstitucional de cooperación 004-20, cuyo propósito es liderar el diseño de una estrategia integral para gestionar la recuperación de los bienes de uso público indebidamente ocupados en los espacios marino-costeros del país.

El convenio, que también contó con las firmas de los representantes de la Dirección General Marítima (Dimar), la Comisión Colombiana del Océano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Vivienda, se desarrolló teniendo en cuenta las alarmantes cifras que se vienen registrando.

Según indicó la entidad, la ocupación indebida de los bienes de uso público con viviendas construidas sobre pilotes de madera en zonas de litoral conlleva no solo a la vulneración del derecho colectivo a su uso, goce y disfrute, sino que ha puesto en riesgo a las familias que allí residen, por su enorme exposición a fenómenos naturales, como tsunamis o sismos de importante magnitud.

De acuerdo con información recaudada por la Dimar, a junio del 2021 se registraron 31.238 ocupaciones ilegales en espacios con características técnicas de playas marítimas y terrenos de bajamar, siendo Tumaco con 12.953, Buenaventura con 11.311 y Cartagena con 3.600 los municipios que registran mayor tasa de ocupación.

Misma que viene creciendo, pues en 2014 se había reportado un total de 29.101 casos; es decir que se ha registrado un incremento de 2.137 en un lapso de siete años.