La Ley de Financiamiento

Cambiar el nombre de reforma tributaria, tan odiosa e injusta como suena, por “Ley de Financiamiento” es una estrategia que apunta a cambiar la atención del público a lo que se va a hacer con los nuevos recursos: mejorar el bienestar de los ciudadanos y contribuir a hacer progresar la sociedad, distrayéndolo del amargo dolor de volver a pagarle más tributos al fisco.

¿Es suficiente lo que planea recaudar el Gobierno con la reforma? No parece, pues, con 14 billones, a duras penas se sale del problema del financiamiento del hueco fiscal, pero no atiende las urgentes necesidades que tiene la nación en materia de bienes públicos y servicios esenciales de la población. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en la que nos hemos enrolado recientemente, el promedio de recaudo de los gobiernos centrales es del 26 % del PIB, mientras en Colombia no alcanzamos el 14 % del PIB.

Partamos del hecho de que es necesario un impuesto al valor agregado (IVA) que extraiga recursos de la economía informal, que se define por su renuencia a pagar impuestos y a desobedecer las leyes de seguridad social, incluyendo el pago de las prestaciones sociales o del salario mínimo. En la economía informal, hay gente con mucho dinero como los que ejercen el negocio del narcotráfico o del contrabando o están en los centros de abastos mayoristas o en las plazas de mercado, pero la mayor parte son ciudadanos de escasa educación, quienes despliegan una baja productividad y cuyos ingresos no alcanzan al salario mínimo, por lo cual el IVA del 19 % es excesivo. Es buena idea devolverles a las personas que ganan menos de un salario mínimo y espero que el Gobierno tenga suficientes antenas en el sector informal, incluyendo al sector rural para compensar los impuestos que deberá pagar esta población. Sería más conveniente que el Gobierno buscara nuevas fuentes de financiamiento en los ingresos de las personas naturales, más precisamente de los dueños de las empresas.

El promedio de recaudo por impuestos a la renta en la Ocde es del 8,5 % del PIB, mientras en Colombia es del 1 %. ¿La razón? En Colombia, los ingresos por dividendos tributan débilmente, mientras sí lo hacen con fuerza en los otros países miembros. Acá tributan poco los dueños de finca raíz de lujo y no pagan impuestos muchas sociedades que obtienen amplios excedentes, como las cajas de compensación, fundaciones y cooperativas. Tampoco tributan los propietarios de tierras rurales, porque subvalúan el valor de sus predios. En contravía, tributaremos fuertemente la clase media asalariada con menos exenciones, tarifas más elevadas y retenciones en la fuente.

El recaudo de impuestos a las empresas en Colombia es elevado (5 % del PIB), comparado con el que pagan en la Ocde (2,8 % del PIB), así que la reforma acierta en reducir su magnitud que en el 2020 será todavía del 3l9 % del PIB. Mientras más bajo sea el impuesto a las empresas y más alto el que deben pagar sus dueños, se inducirá a que se repartan menos dividendos y a que se reinviertan las utilidades en modernizar y diversificar las empresas y sus plantas. Eso hace que los incentivos en Colombia estén trastocados, contribuyendo poco a la industrialización del país.

En resumen, la reforma les pega duro a los pobres que no alcanzan a ser compensados por un IVA universalizado y también a la clase media asalariada, molesta a los ricos con un modesto impuesto al patrimonio, pero sigue sin imponerle tributos serios a los dueños de las empresas.