Nuevos enfoques en políticas públicas para protección de la biodiversidad desde las experiencias rurales del Cauca

Angélica María Anichiarico González

Docente investigadora de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

Magistra en Derechos Humanos

La biodiversidad como sujeto de protección constitucional hace parte de una gama de derechos emergentes que reconocen la existencia de relación entre la naturaleza, los seres vivos y su cultura, al considerarse como “un sistema integral compuesto por diversos organismos vivos que conforman múltiples ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, complejos ecológicos, entre otros, que interactúan interdependientemente con sistemas humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que son percibidos como beneficios para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones ”[1].

La Corte Constitucional, desde su Sentencia T-622 del 2016, al establecer los derechos bioculturales, permitió involucrar en los procesos, planes, programas y políticas públicas en pro de la protección, conservación, restauración del ambiente y su biodiversidad, distintos enfoques para darle una mirada que permitiera establecer planes de gestión multidisciplinares encaminados a darle efectividad a las acciones globales propuestas por los Estados.

Esto sirvió para que instituciones de educación superior como la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca incursionaran en procesos de investigación sobre la protección de la biodiversidad en el Departamento del Cauca, comenzando por establecer el marco de políticas públicas, que está conformado por la Política Nacional de la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que sirve de guía para el Plan de Gestión Regional Ambiental-PGAR- 2012-2025 del Departamento del Cauca, así como el Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 Cauca, Territorio de Paz de la Gobernación del Cauca, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y las políticas de gestión ambiental transversales, en cada uno de los 42 municipios del ente territorial.

Todo este compilado contiene los lineamientos generales para la protección y conservación de la biodiversidad, trazando como enfoque principal el ecosistémico, entendido como “una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación donde el uso sostenible, su conservación y restauración sea una prioridad”[2]. 

Sin embargo, el Departamento del Cauca, considerado como uno de los entes territoriales con un amplio y representativo engranaje biodiverso, presenta problemas ambientales, entre los cuales podrían destacarse los derivados de contextos bélicos locales actuales, el narcotráfico, la preparación de territorio para explotación ganadera, la deforestación, la explotación excesiva de recursos naturales y la minería, entre otros, que necesitan mayor planeación para prevenir los efectos negativos que producen en la biodiversidad.

Enfoques en las políticas públicas 

La existencia de preceptos constitucionales que apuntan a que las políticas públicas en esta temática deban “adecuarse y centrarse en la preservación de la vida, de sus diversas manifestaciones, pero principalmente en la preservación de las condiciones para que esa biodiversidad continúe desplegando su potencial evolutivo de manera estable e indefinida”[3], implica que los contextos vivenciales rurales de las poblaciones del departamento sean tenidos en cuenta, no solo para establecer diagnósticos que sustenten el marco legal y administrativo a favor del desarrollo sostenible, sino para señalar parámetros locales y nacionales que permitan proteger ese sistema biodiverso de los problemas socioambientales, económicos, estructurales y políticos que la ponen en peligro.

No obstante, la aplicación resulta insuficiente por parte de los entes territoriales por un solo enfoque constitucional compatible con el ecosistémico, como el biocéntrico, el cual implica concebir que “la naturaleza debe protegerse únicamente para evitar la producción de una catástrofe que extinga al ser humano y destruya al planeta”[4] y descartar enfoques como el ecocéntrico, que reconoce que el ser humano es una especie que hace parte de la naturaleza y, por tal, su interdependencia lo hace reconocer que la idiosincrasia y la cultura son parte del todo que se construye a partir de la naturaleza.

En esa línea de análisis, el Departamento del Cauca, según el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Cauca 2040, al ser considerado el lugar donde habitan el 70 % de las aves del país y contar con seis parques naturales protegidos, tres ecorregiones estratégicas (Macizo, Patía y Litoral), tres reservas forestales protectoras regionales, un ecosistema de manglar presente en los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi, entre otros, tiene grupos poblacionales que están generando dinámicas emprendedoras a favor del ambiente y su biodiversidad, como los grupos de mujeres, campesinos, indígenas, comunidades afro, palenqueras y organizaciones involucradas en temas ambientales.

Así, la Corte Constitucional, en su Sentencia T-361 del 2017, blinda el derecho de participación en materia ambiental, aduciendo que “el derecho a la participación en asuntos relacionados con el medio biótico es una garantía que se erige como la manera más adecuada de resolver los conflictos ambientales y generar consensos en las políticas públicas sobre la conservación de los ecosistemas”[5].

No obstante, la participación comunitaria se ha limitado solo a la obtención de información sociodemográfica para contextualizar las políticas, en vez de ser fuente o nicho para la elaboración de enfoques distintos de protección de la biodiversidad. Es allí donde se resaltan los procesos adelantados en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, por visibilizar, a través de la investigación, iniciativas de poblaciones rurales tendientes a la proposición de políticas públicas encaminadas a generar protección de la biodiversidad con enfoques multiétnicos, interseccionales, rurales y ecofeministas que respondan a los objetivos y necesidades de la naturaleza, los seres vivos y, por ende, sus ecosistemas. Es a través de plataformas investigativas que el trabajo con comunidades ubicadas en el Patía, la Yunga, Guachicono, entre otros, han puesto sobre la mesa la necesidad de tomar en consideración diversos enfoques basados en contextos, experiencias, idiosincrasias, problemas y costumbres ambientales propias, que permitan la efectividad de los preceptos legales en materia ambiental.

En ese sentido, al complementar los diversos enfoques y permitir una participación real y efectiva de grupos poblacionales inmersos en contextos rurales, se podrán transformar las políticas públicas para la protección de la biodiversidad.