La bancada del partido conservador radicó un proyecto de ley que busca brindar herramientas a las instituciones de educación superior para que gestionen el acceso a la educación de personas víctimas del conflicto armado. En ese sentido, la iniciativa modificaría el artículo 118 de la Ley 30 de 1992, estableciendo que las universidades deberán destinar del 2 % de su presupuesto de funcionamiento entre el 0.3 % y hasta el 0.5 % para atender el modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil para la población víctima del conflicto armado. No obstante, para gozar de este beneficio las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Único de Víctimas o reconocidas como tal en sentencias de restitución de tierras.