Una providencia reciente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señala que el ordenamiento jurídico prevé la aplicación de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posición de las víctimas, en razón a su estado de indefensión y a que son la parte más débil en casos de restitución de tierras, tales como: la presunción de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el daño sufrido por medio de prueba sumaria; las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jurídicos; actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el registro de tierras despojadas y, a su vez, la inversión de la carga de la prueba (M. P. Ariel Salazar).