Nuestra legislación al respecto debiera incluir lo que podemos llamar eutanasia anticipada.

Recientemente, se definieron los alcances del control judicial sobre la acusación en el marco del procedimiento adversarial del sistema de justicia transicional.

EE UU corre el riesgo de perder mucha confianza debido a la imprevisibilidad de su presidente.

Jueces y juezas se deben a la Constitución y a la ley. Su legitimidad no puede confundirse con la predicada para políticos o gobernantes.

Aunque la acción de revisión transicional comparte similitudes con la prevista en la Jurisdicción Ordinaria, posee un alcance mucho más amplio.

La doctrina probable era el equivalente de lo que en Francia llaman, mutatis mutandi, “jurisprudence constante de la Cour de cassation”.

El avance en los 11 macrocasos abiertos no solo depende de la JEP, también del compromiso de todas las ramas del poder público, las víctimas y los comparecientes.

La administración de justicia no implica cargos políticos, requiere de capacitación profesional, especialización y experiencia.

Es tiempo ya de poner a las víctimas en el centro, no como cifras frías en las estadísticas como quien posa un cadáver sobre mesa mortuoria, sino como seres humanos.

Ya es hora de que la Corte Suprema corrija el rumbo, porque no puede ser que la inclusión de las mujeres siga siendo una excepción.

Si ha habido un momento histórico en que es posible el “noble sueño” (de Dworkin, más que de los formalistas del siglo XIX) es este, o está por llegar.

Recientemente, la Corte Constitucional declaró exequible la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación.

La concepción de modelo unificado de justicia transicional tiene enormes retos. Su legitimidad pasa por la discusión amplia e integral con las víctimas del conflicto armado.

La entrega de bienes por parte de las Farc y la indemnización a las víctimas son componentes críticos del acuerdo.

Abogado Eljach, se necesita un Procurador General que vigile el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales; que proteja los derechos humanos y asegure su efectividad.

Es indispensable que la discusión sobre este tema se dé en escenarios meramente técnicos que comprendan el análisis práctico de lo que se propone.

Más de 30 demandas ante la Corte Constitucional en contra de esta ley, y casi 100 en contra del proyecto de ley, dan cuenta de una realidad inocultable.

El aumento de penas no ha tenido un impacto significativo en la reducción del crimen y los índices de criminalidad.

La Defensoría del Pueblo ha caído en el descrédito, en la generalización de ser una institución que se utiliza para pagar favores políticos especialmente con los cargos directivos y con una contratación excesiva.

La cultura escrita también acelera procesos de individuación.

La judicialización de las decisiones administrativas no conculca derechos, solo los garantiza y previene situaciones de futura litigiosidad contra el Estado.

Es posible modificar los procedimientos de reforma a la Constitución y de expedición de leyes, siempre que no sustituyan aquella.

La inclusión de los terceros civiles en los procesos de justicia transicional no es algo novedoso.

Los avances científicos nos han permitido entender que el sexo es más que la apariencia anatómica.

Lo planteado por el presidente se puede entender como la enunciación de las luchas de poder al interior del Estado.

Queda aún la lucha contra otras prácticas crueles e inaceptables que aún quedan, como las corralejas, las peleas de gallos y el coleo.

Esta figura es incompatible con los artículos 4º del Convenio 98, y 2º y 3º del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo.

Lo determinado en la Ley 1922 del 2018 presenta vacíos o imprecisiones que han dificultado la resolución de la situación jurídica de fondo de estos comparecientes.

La gran conclusión es que, a pesar de los avances científicos, el ser humano sigue siendo esencialmente primitivo en lo que se refiere a la política.

Trabajar con la técnica adecuada frente a la teoría del caso permite contar con una herramienta útil para afrontar un litigio con un objetivo definido.

Cuáles son los verdaderos móviles que fundamentan una iniciativa innecesaria de tal magnitud, que por vías constitucionales resulta imposible.

Muchos juristas y académicos, con un considerable capital social, cultural y jurídico, que estaban vinculados a las ONG encontraron el cimiento del derecho mismo en la Constitución.

Marbury vs. Madison no solo es ilustrativo hacia la atención de las controversias constitucionales, sino que resulta ser un soporte para cualquier operador judicial al momento de proferir el acto judicial.

Con la implementación del Acuerdo Final de Paz se produjo un traslado de competencias judiciales a la JEP.

La mera elección no es democracia. Putin ganó las elecciones rusas; Maduro tiene capturado al sistema electoral venezolano. Nadie duda de su condición de tiranos.

Me parece inaceptable que el Gobierno acepte un compromiso del ELN que se refiere solo a una parte de los menores de edad y no a todos.

En principio, como primera norma, la Constitución es orientadora del funcionamiento estatal.

Exigir esta mayoría reproduce una exigencia prevista en un texto normativo que fue expulsado del ordenamiento jurídico.

La pantalla en negro al inicio de la película Zona de interés presagia la oscuridad del alma humana y los sonidos difíciles de identificar hacen pensar en la monstruosidad que será revelada.

La JEP ha realizado ingentes esfuerzos para que las personas comparezcan, aporten verdad y cumplan ante las víctimas y la sociedad los compromisos adquiridos.

Las relaciones entre Derecho y política parten de asumir una mutua desconfianza expresa en la idea según la cual, la aplicación del Derecho debe ser independiente de las presiones de cualquier actor de poder político o social.

Una reforma en este sentido implicaría un arsenal de controles a las sociedades muy completo y complejo, para evitar distribuciones indirectas y remuneraciones escondidas.

Ese es un Estado en donde Bukele maneja el Gobierno, la justicia y el poder electoral, lo cual significa que no es un Estado de derecho, sino una dictadura o autocracia.

Lamentamos su pronta partida, exaltamos su legado y recordamos con gratitud el decidido aporte de este destacado jurista al derecho colombiano.

Existe en el país la necesidad de profundizar en la historia de los derechos humanos, desde el movimiento de defensa de estos.

En definitiva, resulta viable la preparación de testigos antes del proceso y dentro de él, siempre que su objetivo sea determinar la utilidad del testimonio en relación con el tema de prueba.

No basta con reformar la Constitución y sacar leyes para resolver los problemas sociales, se debe indagar a fondo las causas y es determinante la voluntad política

Es importante la acreditación hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque reconstruye y relaciona los estándares dispuestos en la guerra para la defensa ambiental.

El Acto Legislativo 01 del 2023 otorga a los campesinos el estatus de sujetos de especial protección constitucional.

Un aspecto llamativo del libro es que su público objetivo trasciende la comunidad epistémica de los juristas para abarcar también la ciudadanía en general.

Varias reformas constitucionales dan cuenta de un proceso de control central de la distribución y destinación de los recursos con los que se financia el ejercicio de las competencias de las entidades territoriales.

La enorme resistencia a los derechos colectivos es solo evidencia del desconocimiento de estos, pero también está asociado a la histórica cultura antisindical que ha habido en nuestro país.

Tres audiencias judiciales recientes ofrecieron elementos que reavivan el debate sobre las conexiones entre verdad histórica y judicial.

La visita del fiscal de la CPI suscita interrogantes jurídicos y políticos, además de expectativas frente a la permanente demanda de justicia por los graves crímenes cometidos en nuestro país.

Tal vez sea el momento de romper la tendencia de indultos sistemáticos que no han logrado una verdadera paz, garantizar el cumplimiento del Derecho y premiar a quienes cumplen con las reglas de juego.

Es una lástima que no se cree la Corte Agraria y Rural, que sí hace falta como órgano único de cierre en los asuntos civiles y administrativos relacionados con lo agrario.

¿Cuál es el justo precio que en términos de estabilidad institucional y legitimidad democrática se está dispuesto a pagar por alcanzar la denominada ‘paz total’?

Si bien las fases procesales de la expropiación agraria pueden percibirse como “burocracia”, son la garantía de los derechos de defensa del propietario.

Las herramientas institucionales y una democracia guiada por una ciudadanía activa y crítica, e instituciones fuertes, pueden hacer funcionales el diseño constitucional de control sobre el poder público.

Avanza en el Congreso de la República la reforma a la Constitución Política que establece la jurisdicción agraria y rural.

El debate está abierto, la discusión democrática debe propiciarse, pues los asuntos diversos que llegan a los jueces por falta de regulación normativa allanan el camino a la inseguridad jurídica.

Los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalan que la Rama Judicial está salvaguardando los principios de la Carta de 1991.

Dos temáticas absolutamente relacionadas y complementarias se están tramitando por vías diferentes y excluyentes entre sí.

Seguimos a merced, al menos desde el Derecho, de una construcción artificial de la naturaleza vía el lenguaje jurídico.

Acción de responsabilidad civil contractual: una figura clave, aunque poco explorada para la defensa de los recursos públicos.

La persecución por razones de género se refiere precisamente a conductas que se cometen al amparo de prejuicios y estereotipos sexistas.

El camino de la larga movilización de las víctimas dentro de las instituciones de justicia crea evidentes dificultades para culminar el duelo y desapegarse del dolor.

En un Estado social de derecho, el presidente debe abstenerse de esas maniobras intimidatorias contra las otras ramas del Poder Público. Él no puede creer que la voluntad del Estado es su voluntad individual.

Si cada uno de nosotros recibiera 161.000 pesos mensuales, la RBU costaría 98,6 billones de pesos anuales.

Es imperativo aferrarse a la división de poderes, a los cauces institucionales propios del Estado constitucional y que las iniciativas legislativas se adelanten sin apartarse un ápice de lo que ordena la Constitución.

Esa traducción es en agradecimiento a Peter, quien, sin saberlo, me dio la mano y me acompañó en un momento definitivo.

Esta forma de violencia ha estado invisibilizada, pese a sus devastadoras consecuencias y a que contribuye a reforzar y a perpetuar prejuicios y estereotipos en relación con la gestación y la maternidad.

Se observa a un Gobierno ansioso y precipitado por obtener resultados prontos en su política de ‘paz total’, que, a la postre, pueden resultar contraproducentes.

La decisión judicial es un vehículo de civilidad, pero no a cualquier costo.

Es evidente que algunas normas incluidas en la Ley 2277 del 2022 sí podrían desestimular las inversiones y/o donaciones hacia esta industria.

Es un buen momento para acrecentar la solidaridad, revisar la función de la pena, integrando las aspiraciones y fines de esa sociedad urbana y rural constituida por personas diversas.

Los cursos judiciales, bajo las claves de los procesos penales, no pueden suplantar los procesos de toma e implementación de decisiones dirigidas a la superación del conflicto armado y a la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación.

Hay gestores de paz que pertenecen a las comunidades, personas comprometidas con la superación del conflicto armado, la búsqueda de la reconciliación, ejecutores y constructores de la política de paz.

La idea del Ejecutivo es barrer con los actuales jueces para nombrar o elegir otros que sean anejos a su revolución.

Toca pulverizar –de una vez por todas– la maléfica estructura de poder incubada en la Administración de Justicia desde el antiguo régimen constitucional de 1886.

Al valor del salario mínimo que resulte, hay que sumarle un porcentaje del orden del 53 % por prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales.

Este instrumento es una gran oportunidad para crear estrategias normativas y de política pública para atender adecuadamente sus cuatro temáticas principales.

¿El cumplimiento del deber constitucional de mantener y conservar la paz es razón para eximir del servicio militar? En mi opinión, no, por tratarse de deberes constitucionales diferentes y autónomos.

El avance en la comunicación y la estructuración del diálogo nos permiten mejores posibilidades de existencia y convivencia, uno de los principales objetivos de toda Carta.

La Corte Constitucional emitió órdenes y exhortó a distintas entidades públicas, para dar cumplimiento a los términos del fallo y efectuar las políticas y los planes de acción allí dispuestos.

Suele olvidarse que una condena obtenida con prontitud e impuesta a una persona de carne y hueso vale más que una pena formalmente alta, pero que no se aplica.

En estos escenarios, el DIH renueva su vocación de futuro. Esta vez, en lógica de una verdad humanizante.

Actualmente, hay preocupaciones globales que, para muchos autores, trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltas solamente por algunos países.

Si de entrada se niega la posibilidad de que existan principios y valores culturales y políticos generales, ¿alrededor de qué lograremos esa unidad?

Sería bueno que, en Colombia y sus países vecinos, recuerden que sus aliados naturales son las democracias del Viejo Continente y del nuevo mundo.

Con una participación de casi el 86 % del padrón electoral, es decir, más de 13 millones de participantes, mal se haría en catalogar como una elección polarizada o un reflejo de la izquierda y la derecha.

Estoy seguro de que ninguno de los que hacen minería bien hecha quiere dañar el medioambiente, sino todo lo contrario.

El artículo 64 (constitucional) establece el deber para el Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

En una región tan diversa y plural, la garantía de la libertad religiosa es básica para la promoción de la paz y la igualdad, por lo que no hay verdadero respeto por el pluralismo sin un efectivo respeto por la libertad religiosa.

Se publicó la que puede ser la decisión más ambiciosa de los últimos años, que se debate entre el reconocimiento y la inoponibilidad de las sentencias emitidas por los jueces civiles en procesos de pertenencia que han reconocido el derecho de propiedad a particulares respecto de predios baldíos.

Reducir la superación del conflicto armado a simples salidas judiciales de sus actores solo sirve para reproducir las lógicas selectivas y discriminatorias del cuestionado derecho penal.

El derecho internacional, en general, y el DIH, en particular, son, como toda construcción jurídica, una apuesta, una utopía que va ganando espacio y terreno para su aplicación.

Un buen proceso de acogimiento, masivo, temporal, con condiciones claras y verificables, ojalá sincronizado con una nueva política regulatoria, podría reconducir la forma en que se ha enfrentado el problema.

Proteger en serio a los animales requiere estructura, inversión e innovación.

Es el propio Estado colombiano el que viene invocando ante la Corte IDH la aplicación del principio de complementariedad, con particular énfasis en el rol de los órganos del SIVJRNR.

No está claro si el camino correcto sea optar por el modelo parlamentario, pero una cosa es cierta: el hiperpresidencialismo sin controles es una seria amenaza.

Siempre habrá quien, desde la administración de justicia o el litigio, ponga en tela de juicio la narrativa de quien interviene en el proceso sobre la base exclusiva del prejuicio.

Cuánto desearía para mi país que un día pudiéramos llevar juntos las cenizas de estos dos hombres a un cementerio común –quizás imaginario–, y que allí sus hijos y familias pudieran acompañarse mutuamente.

El Estado existe según los fines racionales que concretizan la idea de lo público y su origen contractual complementa esta afirmación.

Varios han sido los gobiernos de izquierda, distintos del que se inicia el 7 de agosto. Entre izquierda y derecha, ha habido siempre un mano a mano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a Colombia a investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia basada en género ocurridos durante el conflicto e insta a la JEP a abrir el macrocaso.

La ley es el activo más valioso de la sociedad democrática y su devaluación implica la pérdida relativa de la legitimidad de las instituciones y de la capacidad de los gobiernos para poder gobernar.

Esta realidad no nubla la esperanza de volver a un orden mundial que garantice la paz, con la primacía del derecho sobre la fuerza.

Todo Presidente que dependa de un Congreso formado por fragmentos de diferente calaña ideológica y ética carece de poder real y está condenado al fracaso.

La tarea de la institucionalidad es fijar las reglas generales y las medidas necesarias para mantener el orden público.

¿Quién debe ser y qué cualidades académicas, jurídicas y políticas son necesarias para ocupar la primera magistratura del Estado?

Me atrevería a aconsejarle al presente y próximo gobierno buscar el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la vía diplomática fomentar una negociación con Nicaragua.

Regresar, como pretenden en Colombia, a una fórmula nacional de blanco y negro (donde la prohibición sea universal) anula, de un solo plumazo, la democracia y los derechos de las mujeres.

Estas audiencias, en las que se reconoce verdad y responsabilidad de manera pública, ayudan a cumplir con los objetivos transicionales de verdad, justicia y reparación.

Este conflicto también se está peleando en el ámbito del derecho internacional.

Siempre me ha parecido curiosa la manera en la que, cuando hablamos sobre los procesos de transición, tomamos con tanta ligereza conceptos como “justicia”, “verdad” y “reconciliación”.

La Corte Internacional de Justicia está usando un proceso expedito para analizar la solicitud de medidas provisionales solicitadas por Ucrania, que incluye el cese inmediato de todas las acciones militares.

Ha llegado el momento de considerar opciones para suspender o terminar la membrecía de la Federación Rusa en la ONU.

Debemos seguir avanzando en pro de la igualdad de oportunidades y en la eliminación de los prejuicios de género como vía para la construcción de una sociedad más justa.

La academia pierde una gran humanista que nos ha dejado muchas enseñanzas, pero, tal vez, la más necesaria en épocas de crisis es la responsabilidad de la humanidad como ente colectivo.

La ‘judicialización’ de la vida social es un escenario para profundizar la vida democrática.

Todos los caminos para garantizar el acceso a la justicia en el caso venezolano apuntan a La Haya.

¿Cuándo comprenderán ciertos jueces que su función no consiste en premiar o castigar, al vaivén de sus sentimientos?

Recientemente, algunos Estados y organizaciones se han preocupado por incorporar temas de derechos humanos y de desarrollo sostenible en su agenda internacional y en las relaciones con terceros países.

En septiembre del 2012, el presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Venezuela oficializó, un año después, su retiro.

La jurisprudencia administrativa también ha considerado la posibilidad de declaratoria oficiosa judicial de la “nulidad absoluta del pacto arbitral”.

El principio del ‘onus probandi’ nos dice que la culpa médica no se presume y, por lo tanto, debe ser probada por el demandante.

El regreso a clases presenciales es una medida necesaria para proteger el derecho a la educación de los menores y de otros derechos conexos como la salud, la alimentación, la vida digna, el desarrollo y la integridad personal.

Es urgente la modificación de los currículos académicos, incluyendo módulos sobre el uso de tecnologías, la necesidad de un segundo y tercer idioma, al igual que la programación.

¿Es posible ordenar inaplicar una norma que no existe?, ¿se puede ordenar la suspensión de los efectos de un proyecto de ley?, ¿puede un juez impedir al Presidente sancionar un proyecto de ley?

La libre competencia económica es un derecho que supone responsabilidades y la empresa tiene una función social que implica obligaciones.

La Constitución de 1991 concibe la economía como un elemento transformador de la sociedad, que busca mitigar las profundas desigualdades existentes.

Quisiéramos que el magistrado Tolosa, que se retira por finalización del periodo, se perpetuara en nuestra Corte Suprema de Justicia para tener la dicha de seguir disfrutando su jurisprudencia y su gran desempeño en esa corporación.

Teniendo en cuenta que los tributos son el principal recurso económico del Estado moderno, es apenas natural que las constituciones establezcan unos principios fundamentales en la materia.

En Colombia, se incorpora el medioambiente como un componente de diversos aspectos de la Constitución.

En el presente escrito, contesto algunas inquietudes formuladas por una prestigiosa profesora, con ocasión de una columna publicada en este medio de comunicación.

El Derecho es instrumento de regulación, pero también es instrumento de cambio. Y, sobre todo, es garantía de convivencia social.

La protesta ciudadana ha puesto sobre la mesa la cuestión de cuáles deben ser las prioridades redistributivas de la pospandemia.

Nuestra Constitución exige que medidas como las de confinamiento obligatorio, que implican una grave restricción de derechos constitucionales, solo puede ser tomada a través de los poderes que otorga el artículo 215.