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La tormenta perfecta

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La tormenta perfecta

DIEGO EDUARDO LÓPEZ MEDINA  

Profesor Facultad de Derecho 

Universidad de los Andes 

diegolopezmedina@hotmail.com  

 

Vivimos la crisis sanitaria, económica, política y educativa más grave en muchas generaciones de la historia humana. Nos afecta como sociedades y nos arrasa como personas y familias. Es como si la pandemia por gripa española de 1918 hubiese sido seguida, de forma inmediata, por la gran depresión económica que empezó con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Todos estamos ansiosos, angustiados, tristes, intensamente preocupados por el presente y por el futuro.  

 

Esta situación origina, naturalmente, fogonazos de pura energía política no institucionalizada. El descontento irrumpe con facilidad en el espacio público. La política institucionalizada ordinaria parece insuficiente para canalizar la simple necesidad de expresarnos y “manifestarnos”. Represada en la cuarentena, esta energía da pie ahora a un momento político extraordinario, donde la gente abandona la seguridad de sus vidas cotidianas y, de pronto, hasta los indiferentes terminan “arrojados” en el terreno de lo político. 

 

Como en el resto del mundo, el Estado tiene que liderar ahora una estrategia de reactivación económica mediante gasto público que requiere de ingresos tributarios. Pero la discusión (de democracia representativa) entre Gobierno y Congreso ha revelado ser completamente insuficiente. En las calles se ha establecido un plebiscito informal que exige una amplia negociación del paquete de reactivación (y de su financiación) con las “bases populares”. Si fuera por ciertas élites nacionales, la reactivación podría haber sido dirigida a subsidios al empleo otorgados directamente a los empresarios, o mediante una mayor flexibilización laboral. Pero, obvio, la calle no está dispuesta a aceptar una nueva cachetada del elitismo.

 

En Colombia existe, tanto en su Constitución como en su cultura política, el recurso a la reunión y manifestación del “pueblo” (art. 37). La Constitución recoge aquí una vieja tradición de participación popular directa: hay marchas, manifestaciones, mítines, bloqueos de vías. La “comuna de París” legó estas formas de acción directa a los movimientos populares y sindicales que las mantienen dentro de su menú estratégico. Se trata, por definición, de un “derecho” de participación política poco institucionalizado. Depende, en últimas, de cómo lo organice el pueblo y sus líderes en la calle: la Constitución permite que se exprese en el espacio público, y solo exige que sea “pacíficamente”.  

 

Para el Estado, la marcha ideal se expresa de forma controlada y casi, dijéramos, domesticada (“bajen por la calle 63, reúnanse en el parque Simón Bolívar y allá canten”); para el movimiento social debe ser incisiva, irrespetuosa, rebelde y, por definición, contrasistémica. Para el Estado, debería tener autorización previa y completa previsión de rutas y horarios; bajo estos parámetros, la protesta puede ser “conducida”, “controlada” y, si se requiere, “dispersada”. Para el movimiento social, por el contrario, la protesta es suya y no la que le plazca al Estado y su regulación disciplinante de policía. Para el Estado, hay que evitar que la protesta “arrodille” al Gobierno con sus peticiones; para el pueblo, la negociación directa con el Gobierno constituye una manera de saltarse la política ordinaria (y sus fallas de representatividad) para obtener resultados tangibles. Para el Estado, las marchas y la protesta social pueden ser y son, de hecho, instrumentalizadas y manipuladas por intereses políticos, económicos y criminales concentrados que avanzan su agenda oculta y latente.  Las acusaciones de “manipulación”, de otro lado, “estigmatizan” y “le faltan el respeto” al movimiento social que reclama atención a sus reclamos sinceros y autónomos.  

 

Y, así en Colombia, el derecho a la protesta social se ejerce y se reprime en el campo perpetuo de la desconfianza mutua: “subversión encubierta”, “revolución molecular”, dicen unos, y, del otro lado se habla de “criminalización” y “estigmatización” de la protesta social. Se termina discutiendo más sobre qué es la protesta social (si es una táctica del narcoterrorismo o si es un derecho constitucional legítimo) que sobre los contenidos de lo que se propone.   

 

La protesta ciudadana ha puesto sobre la mesa la cuestión de cuáles deben ser las prioridades redistributivas de la pospandemia. Sus propuestas, consignadas en el Pliego de Emergencia del Comité Nacional, buscan que el paquete de la reactivación vaya a subsidios más directos a algunos de los sectores sociales más golpeados por la crisis. No todas las propuestas representan, en mi opinión, las mejores opciones de política redistributiva. Pero, más allá de eso, sin el pueblo en la calle, tampoco creo que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda diseñen, por sí solos, priorizaciones genuinamente redistributivas frente al denso entramado de los poderes establecidos. Como revulsivo de nuestras jerarquías políticas, pues la protesta social puede ayudarnos a perfeccionar la democracia. Sin embargo, asoma ya, luctuoso, el fantasma de la masacre de las bananeras. ¿Podemos todavía frenar esa dinámica? ¿Qué tal si tenemos una movilización ciudadana amplia y pacífica, una expresión cada vez más clara de intereses de los más vulnerables, una escucha estatal respetuosa, una negociación amplia de cara al país? ¿Qué tal si, al final, podamos hablar del “éxito” que tuvo Colombia en la pospandemia –cuando fue capaz de diseñar un “new deal” de reactivación económica, con amplio consenso popularestatal, que protegió a los más vulnerables–?  

 

Esta utopía es un imperativo moral y constitucional para todos, porque, querámoslo o no, estamos en el mismo barco en la mitad de la tormenta perfecta. La alternativa es ahogar la expresión social, reprimirla o empujarla a su implosión táctica, para que el paquete de la reactivación pueda ser tranquilamente decidido por los señores de siempre. 

 

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