El decisionismo antidemocrático del presidente Petro

Javier Tamayo Jaramillo

Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com

Me parece completamente válido y hasta necesario que los partidos políticos, incluido el gobernante, promuevan la conciencia política de sus correligionarios. Y que, para lograrlo, organicen manifestaciones públicas periódicas para, así, mantener viva la llama de la cohesión y de la discusión permanente de sus ideas políticas y sus programas de gobierno.

Pero lo que no es procedente dentro de un Estado de derecho es que esos grupos sociales, cuando sean partidarios del Gobierno de turno, se conviertan en una fuerza de choque, que, en forma permanente, intimidatoria y, a veces violenta, pretendan legitimar a su líder gobernante para que este, por vías de hecho, imponga, así sea contra la ley, su programa de gobierno. Por muy fuerte que sean los grupos que apoyan al Gobierno, este no puede desconocer su sumisión a la Constitución y al Estado de derecho. Ninguna reforma legal que, según la Constitución, deba tramitarse en el Parlamento, puede hacerse por la sola voluntad del presidente, apoyado en sus amenazantes fuerzas de choque. Si ese imperativo se incumple, abandonaremos el Estado social de derecho para caer en un Gobierno decisionista que, siguiendo las ideas de Schmitt, encuentre su legitimidad en la mal llamada “voluntad soberana del pueblo”, ignorando al Parlamento y al multipartidismo como fuentes del Derecho vigente. 

Digo lo anterior porque, en América Latina, los gobiernos izquierdistas de corte populista lo primero que hacen, para afirmar su popularidad, es construir un aparato político paraestatal que, con su beligerancia sin causa legal, pongan en funcionamiento la relación amigo-enemigo contra los opositores al Gobierno. Es decir que sus marchas, sin descanso y, a veces, violentas, presionan al Ejecutivo y al resto de la sociedad para que lleve a cabo, de inmediato, su programa revolucionario de gobierno y, de paso, amedrenten, con sus amenazas, a quienes no son sus correligionarios.

Esa táctica del poder comienza a instalarse en Colombia, pues, el presidente, que pareciera ignorar la violencia de la llamada “primera línea”, pese a su conocido apoyo a la misma, a cada momento, da muestras de querer deshacerse de las ataduras del principio de legalidad. Veamos algunas actuaciones recientes del señor Petro que prueban lo anterior.

En primer lugar, desconociendo la legitimidad de los jueces, el presidente, obligado a cumplirles a los miembros de la citada “primera línea”, que, como consecuencia de los delitos cometidos en las marchas violentas del año pasado, están condenados o procesados, pretende devolverles la libertad, sin importarle que esa decisión corresponde a los jueces encargados de esos procesos penales. Ante esa pretensión imposible a la luz de la Constitución y de la ley, Gustavo Petro ha presionado, indebidamente, al fiscal y a los jueces, para que estos dejen en libertad a dichos sujetos, así sea en contra de lo establecido en la ley. En un Estado social de derecho, el presidente debe abstenerse de esas maniobras intimidatorias contra las otras ramas del Poder Público. Él no puede creer que la voluntad del Estado es su voluntad individual.

En segundo lugar, recientemente, el presidente manifestó que su programa de gobierno no se discutirá en el Parlamente, sino en las calles, convocando al pueblo para que lo apoye en esas decisiones. Si ese apoyo se consigue con manifestaciones permanentes y, a veces, violentas, de sus grupos ya conformados como fuerzas de lucha política, el presidente se comporta como un autoritario que desconoce que, por muy grandes que sean sus apoyos, el Estado de derecho le marca los límites constitucionales para lograr la aprobación legítima de su programa. Acudir a la “voluntad general” para imponer sus particulares concepciones sobre el Estado y el Gobierno constituye al más antidemocrático ejercicio del poder. Ese comportamiento es utilizado en sistemas que desconocen la división de poderes, como ocurrió con el nazismo, el fascismo y el estalinismo, en los cuales la voluntad del líder se considera como la voluntad del pueblo soberano y homogéneo.

Finalmente, para el próximo 14 de febrero, los opositores a Petro tienen programadas manifestaciones políticas pacíficas como protesta contra el Gobierno. Pero, como réplica, el presidente organizará, para ese mismo día, marchas de todas sus fuerzas, con lo cual acudirá, nuevamente, a la lucha entre amigos y enemigos, con los graves peligros de una confrontación violenta, si ambas fuerzas logran cruzarse. A la izquierda revolucionaria le encanta este tipo de confrontaciones, pues, desde el Gobierno, es fácil que el Estado imponga su fuerza frente a opositores cuyos desacuerdos con el Ejecutivo deben manifestarse sin estorbos, temores ni amenazas.