El reconocimiento de la violencia reproductiva cometida por las Farc

Angélica Cocomá

Abogada de Women’s Link Worldwide

Máster en Derecho (LL. M.) del London School of Economics and Political Science

El pasado 19 de agosto, iniciaron las versiones voluntarias del Caso 007 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Estas versiones buscan ofrecer a la JEP una nueva fuente de información para establecer cuáles eran y cómo operaban las políticas y las prácticas de reclutamiento que regulaban la vida sexual y reproductiva en las filas de las Farc-EP, entre otros temas. Hasta el momento, y a través de informes, instituciones estatales y organizaciones que representamos víctimas le hemos contado a la JEP cómo funcionaba la violencia reproductiva. Ha llegado la primera oportunidad procesal de que sean los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc quienes reconozcan su responsabilidad y aporten a la JEP verdad plena sobre estos hechos.

Será la magistratura, y no los comparecientes, la que determinará si el reconocimiento fue pleno y satisface los derechos de las víctimas. Un reconocimiento pleno implica explicar, en el marco del proceso judicial ante la JEP, las reglas sobre reclutamiento y graves violaciones de derechos humanos, como la anticoncepción y los abortos forzados. También incluye establecer quiénes tomaban las decisiones y qué tipo de conocimiento y control tuvieron los miembros del estado mayor central y del secretariado de las Farc en la comisión de estas conductas. No constituye un reconocimiento pleno si se reconocen estos hechos únicamente por fuera del proceso judicial o si se justifican como “accidentales” o imposibles de prevenir o controlar. Los informes entregados a la JEP muestran que estos hechos no fueron hechos aislados.

El año pasado, Women’s Link Worldwide presentó ante la JEP el primer informe que se enfoca en la violencia reproductiva en las Farc. Evidenciamos que la violencia reproductiva no ocurrió “por error”, sino que servía a los objetivos militares del grupo, ya que la gestación se veía como incompatible con las tareas militares del grupo. La anticoncepción obligatoria se impuso desde la Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros en 1993, por escrito, y los abortos forzados fueron prácticas ampliamente conocidas, toleradas y ordenadas por diversos niveles de mando. Los abortos y la anticoncepción forzada se cometieron en magnitudes significativas, de forma recurrente y organizada, con violencia, coerción o engaño y en condiciones inseguras que dejaron graves secuelas en las víctimas, tanto físicas como sicológicas. El caso de “Helena”, a quien representamos judicialmente, es el más emblemático sobre los impactos de estas políticas y prácticas.

Lo anterior no excluye que en el grupo armado existieron mujeres y niñas que, de forma autónoma, decidieron tomar anticonceptivos o interrumpir sus embarazos. Tampoco significa que la violencia reproductiva fuera una práctica exclusiva de las Farc. De hecho, este año presentamos a la Comisión de la Verdad un informe que incluye otros grupos armados y la responsabilidad del Estado en la violación de derechos reproductivos en el marco del conflicto colombiano.

El reconocimiento de la violencia reproductiva es especialmente relevante, porque existen muy pocas condenas en el mundo por estos hechos. En diferentes situaciones de conflicto armado, los Estados y los actores armados han violado los derechos reproductivos de mujeres y niñas mediante anticoncepción, esterilizaciones, embarazos, maternidades y abortos forzados. Sin embargo, la justicia por estas violaciones ha sido extremadamente limitada a nivel nacional e internacional. En el ámbito internacional, no hay ninguna decisión de la Corte Penal Internacional que declare responsabilidades por hechos constitutivos de violencia reproductiva. En Colombia, apenas tenemos cuatro condenas por violencia reproductiva, ninguna de estas contra las Farc. La JEP tiene la oportunidad de empezar a saldar esta deuda histórica y, para hacerlo con celeridad, será determinante el aporte que realicen los comparecientes en estas versiones voluntarias y en las subsiguientes etapas del proceso. Las víctimas, que son el centro del proceso de paz, se merecen un reconocimiento sin excusas, y el Caso 007 y los otros casos priorizados por la JEP, así como la Comisión de la Verdad, son los foros diseñados para ello por el Acuerdo de Paz.