El aporte de la enseñanza del Derecho en la lucha por la igualdad de la mujer

Jhoana Alexandra Delgado Gaitán

 Decana (e) de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia

Si bien desde el año 1903 se reconoció la libertad de enseñanza en Colombia para todos los niveles escolares sin distinción de sexo, raza u otra condición, lo cierto es que solo a partir de los años treinta y cuarenta las mujeres lograron el acceso real a los centros educativos. No obstante, en esa época, la enseñanza se limitaba solamente al aprendizaje de aquellos oficios que eran considerados “propios de su sexo”, tales como las labores de tejido, cocina y otros quehaceres de la vida doméstica, enseñanzas que se entendían eran apropiadas para las mujeres en la medida en que les permitían no descuidar las labores de cuidado de la familia y de los hijos que siempre han sido atribuidas a ellas.

La necesidad de ampliar estos espacios educativos llevó a que las mujeres, organizadas para exigir sus derechos en la lucha por la emancipación femenina y la igualdad, adquirieran el derecho al voto, ampliaran sus posibilidades de aprendizaje y lograran un nivel de participación más amplio en la vida pública.

Pionera

Muchos años han pasado desde que a la Universidad Externado de Colombia se presentó para estudiar la carrera de Derecho Rosita Rojas Castro, quien se convertiría no solo en la primera abogada del país, sino también en la primera juez de la República (en esa época, no se usaba el término en femenino), nombramiento que fue ratificado pese a los problemas que se plantearon entonces en torno a la posibilidad de reconocer tal dignidad a una mujer alegando que, puesto que no podíamos elegir, mucho menos podíamos ser elegidas.

Lo increíble del asunto es que aún hoy, cuando los estudios de género han concluido que las mujeres por esta especie de “ventaja de género” tienen más probabilidades de terminar sus estudios, ampliar su formación y obtener un título de grado y posgrado, no es menos cierto que estas mismas mujeres todavía tienen que derribar muchos obstáculos que les impiden participar en escenarios profesionales en igualdad de condiciones.

De este modo, no existe una correlación estrecha entre los niveles de estudios superiores de las mujeres y su liderazgo y participación plena y efectiva en la vida pública y la toma de decisiones.

Cifras desiguales

Específicamente, en relación con las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional señala que el número de docentes mujeres es mucho menor en comparación con sus homólogos masculinos, 54.924 frente a 94.356, respectivamente, de un total de 149.280. Si se discriminan los datos por institución pública y privada, los resultados son los siguientes: para las primeras, 25.767 profesoras frente a 43.747 profesores; en las segundas, son 29.157 mujeres frente a 50.609.

Por lo tanto, persisten estructuras y comportamientos sociales que acentúan desigualdades profundas que obligan a las mujeres a tener que demostrar más que los hombres su valía profesional y académica con el fin de romper los “techos de cristal”.

Las consecuencias de la pandemia

Para completar el panorama, también pensemos en los altos costos que la pandemia por el covid-19 ha traído consigo para las mujeres, en la medida en que, en la gran mayoría de casos, fueron ellas las que tuvieron que asumir el cuidado de las familias (hijos, cónyuge y parientes mayores), así como las labores de cocina y limpieza del hogar, circunstancias que impidieron a muchas estudiantes y profesionales seguir desempeñándose en sus estudios y en sus trabajos de la misma forma en la que lo hacían hasta el momento.

Tal y como lo señala el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) “Women in higher education: has the femaleadvantage put an end to gender inequalities?” (2021), durante la época de confinamiento, aunque la presentación de trabajos académicos para su publicación aumentó, no es menos cierto que el desempeño de las investigadoras fue más lento respecto a los hombres, siendo interesante ver cómo las cohortes de académicas más jóvenes alcanzaron mejores resultados.

En lo que respecta a las estudiantes, las repercusiones de la pandemia también significaron la disminución del tiempo dedicado a las actividades académicas a cambio de la ocupación de labores de apoyo doméstico y el cuidado de menores en casa. Desafortunadamente, diversos estudios señalan que el impacto de la pandemia también influirá en acentuar las desigualdades en materia de género y educación.

Oportunidad de reflexión

El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido en la búsqueda de la igualdad, es un momento para recordar a tantas mujeres que nos han precedido en esta noble causa y es también el marco propicio para atrevernos a formular y diseñar desde nuestros espacios de vida y de trabajo alternativas para seguir trabajando en la construcción de un mundo más paritario y equitativo.

Desde el campo del Derecho, considero que los contenidos de las diferentes materias deben implementar de manera transversal el estudio de género en la enseñanza, con el fin de fortalecer la educación integral de los futuros operadores(as) jurídicos. En efecto, el énfasis de género aplicado a los diferentes campos del mundo jurídico permitirá fortalecer el análisis crítico de la realidad social y formar profesionales que luchen contra la discriminación en cualquiera de sus formas y que promuevan espacios de discusión en los que se valore la diversidad y el respeto de la diferencia como presupuesto para el dialogo y la construcción de la paz.

Frente a la eliminación de las barreras con las que se encuentran las mujeres, pese a que cada día estudian y se preparan más para salir al mercado laboral, lo cierto es que la igualdad de acceso no es suficiente para que se pueda garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. En ese sentido, el trabajo de la academia tendrá que enfocarse en generar alertas tempranas de protección y espacios de sensibilización para que, desde los inicios de la vida universitaria, el diálogo constante permita identificar las situaciones de riesgo y comprender que las situaciones de discriminación no pueden ser toleradas.

Como formadores de las nuevas generaciones de profesionales del Derecho del país, tenemos la obligación de seguir avanzando en pro de la igualdad de oportunidades y en la eliminación de los prejuicios de género como vía para la construcción de una sociedad más justa. Nos queda camino por recorrer.