La CIDH y el macrocaso sobre violencia sexual y reproductiva

María Cecilia Ibáñez

Abogada de Women’s Link Worldwide 

En múltiples oportunidades, víctimas y organizaciones representantes de víctimas le hemos pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un macrocaso enfocado en violencia sexual, violencia reproductiva y otros delitos motivados por la sexualidad de las víctimas. Hasta el momento, el tribunal se ha negado.

La Alianza Cinco Claves, conformada por las organizaciones Colombia Diversa, Humanas, Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres y Women’s Link Worldwide (WLW), ha manifestado reiteradamente a la JEP, por medio de un informe y distintos comunicados, la importancia de la apertura de este macrocaso. Sin duda, sería una oportunidad histórica para hacer justicia a hechos de violencia sexual, reproductiva y motivados en la sexualidad de las víctimas, perpetrados de manera sistemática por todos los actores del conflicto armado, y también para superar los obstáculos de acceso a la justicia de mujeres y personas LGBTI.  

A esta solicitud se unió, recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el  capítulo V sobre Colombia de su informe anual, se refirió al tema y manifestó que toma nota sobre la constante petición de la sociedad civil, así como de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, sobre la apertura del macrocaso. Además, enfatizó que ha recibido información sobre la presencia de estereotipos de género y falta de enfoque de género en la valoración de los hechos y los testimonios de las víctimas, y recordó al Estado colombiano su obligación, de acuerdo con obligaciones internacionales, de actuar con debida diligencia estricta para sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Con base en lo anterior, la CIDH urge a Colombia a investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia basada en género ocurridos durante el conflicto e insta a la JEP a abrir el macrocaso.  

No se trata de una solicitud menor que la CIDH respalde las preocupaciones que víctimas, sociedad civil y el Ministerio Público hemos manifestado desde hace tiempo. El macrocaso permitirá un mayor esclarecimiento de la manera en la que diferentes formas de violencia basada en género tuvieron lugar en el marco del conflicto, y visibilizará estos hechos para que sean adecuadamente juzgados y sancionados.  

Hasta el momento, este tipo de violencia, como suele suceder, mantiene un rol secundario frente a los demás crímenes que se cometieron durante el conflicto, lo que le resta importancia y favorece su impunidad. La CIDH lo confirma en su informe: “La impunidad en casos de violencia contra las mujeres envía el mensaje de que estas violencias son toleradas y favorece su perpetuación”. 

Además de la violencia sexual, dentro de estas formas de violencia también se encuentra la reproductiva: actos que atentan contra la autonomía reproductiva de las personas mediante el uso de la violencia, la fuerza o la coacción. Ejemplos de ella son la anticoncepción y abortos forzados de mujeres y niñas que hacían parte de las filas de las Farc. Sus cuerpos y autonomía eran controlados por las Farc, su derecho a decidir si querían o no tener hijos fue vulnerado, y las sometieron a procedimientos que se les practicaron en contra de su voluntad y en condiciones inseguras que dejaron graves consecuencias en su salud. A pesar de que a partir de múltiples testimonios es posible afirmar que fue una práctica sistemática, aún no han comenzado a ser adecuadamente esclarecidos por la justicia transicional.  

Desde WLW consideramos que es indispensable que estos hechos sean adecuadamente esclarecidos, investigados, juzgados y sancionados mediante la apertura de un macrocaso.  Ahora que la CIDH se suma a nuestro insistente llamado, es importante que la JEP valore de nuevo la importancia de esta solicitud para garantizar que los hechos de violencia basada en género ocurridos en el conflicto no corran el riesgo de permanecer en la impunidad.