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La independencia judicial en Colombia: nuevamente amenazada

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La independencia judicial en Colombia: nuevamente amenazada

Freddy Ordóñez Gómez

Investigador de ILSA, integrante de Historia, Ambiente y Política (Grupo A1 Colciencias) y de Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos (GT - CLACSO)

Twitter: @Freddy_Ordonez

 

En noviembre del 2003, ILSA publicó el libro Independencia judicial en América Latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo? editado por el profesor Germán Burgos. En el trabajo que abre la compilación el doctor Burgos enfatiza en cómo en el contexto de las democracias, el poder judicial ha estado sometido a diversos tipos de presiones y controles por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, siendo una de las barreras de más peso contra la independencia judicial, “la pervivencia de factores políticos que aún no reconocen el valor del respeto por la independencia judicial”, concluyendo el estudio introductorio que “los actores del poder político continúan erigiéndose como uno de los obstáculos más poderosos para la independencia judicial”. Las trabas a la justicia hoy se mantienen.  

 

El pasado 14 de octubre, se difundió un comunicado con el cual se inicia la campaña por la independencia de la justicia, el cual es firmado por las tres principales plataformas de derechos humanos, más de 210 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, así como un importante número de personas. Allí se afirma que el Ejecutivo y el partido de Gobierno, a través de sus bancadas en el Congreso y sus principales voceros, “adelantan una feroz campaña contra los derechos, el equilibrio de poderes, las cortes y la independencia de la justicia”. Los ataques contra la justicia tienen como principales expresiones, al menos las siguientes:

 

En primer lugar, cuestionamientos y críticas a la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, medida a la que este igualó con un secuestro. Acá la defensa parecía encabezarla el mandatario Iván Duque, quien en alocución presidencial calificó a su mentor como “patriota ejemplar”, “integro” y “honorable”, y afirmó, en abierta controversia con la decisión, pero también aludiendo a la justicia transicional acordada en La Habana, que “duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad (…) y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad”.

 

En segundo lugar, desacato y simulación de cumplimiento de órdenes judiciales que se expresan en la forma en como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales pretendía hacer una audiencia pública ambiental de forma virtual, después de que un fallo del Tribunal Administrativo de Nariño suspendiera su realización en el proceso de licenciamiento ambiental para reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato. El Ministro de Defensa indicó en ese entonces que “suspender la aspersión fue un gravísimo error”. Posteriormente, el ministro Trujillo simuló, el 24 de septiembre del 2020, acatar la sentencia de tutela expedida dos días antes por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la que se ordena al jefe de la cartera de Defensa pedir perdón por los excesos de la fuerza pública durante las protestas desarrolladas a finales del 2019, expresando el funcionario que el Gobierno solicitaría la revisión del fallo por parte de la Corte Constitucional. Finalmente, se debe reseñar que el Juzgado Quinto Laboral del circuito de Bogotá hace pocos días le ordenó al Gobierno la suspensión inmediata del uso de gases en las protestas, ante lo que el Ejecutivo anunció una serie de medidas para evaluar lo ordenado.

 

Y, finalmente, en tercer lugar, se presenta un abierto interés por reestructurar la ingeniería institucional del Estado colombiano, afectando la administración de justicia, el equilibrio de poderes, los derechos humanos y las reglas mismas de la democracia. Esto es evidente en los proyectos de acto legislativo y de ley estatutaria que el partido de Gobierno ha radicado para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como en los golpes que sufre esta por parte del Ejecutivo y, fundamentalmente, en el borrador de referendo que impulsa el partido de Gobierno, con el que se busca crear una sola alta corte y un tribunal de aforados, así como la derogatoria de la JEP.

 

En el 2010, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, publicó el informe sobre la misión a Colombia, en el que recomienda a “los integrantes de los otros poderes del Estado (…) cumplir los fallos judiciales y abstenerse de toda invocación al no acatamiento de una sentencia, así como de toda declaración conducente al descréditos o descalificación de magistrados, jueces y abogados”. Diez años después de expedido el informe, con el mismo sector político gobernando el país, la demanda sigue siendo la misma: respeto y cese de toda amenaza a la independencia judicial.

 

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