La “autodenuncia” en la ONU: ¿mero despiste?

Germán Burgos
Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia

En una de sus diversas alocuciones, el presidente Petro afirmó que como parte de los informes periódicos al Consejo de Seguridad de la ONU denunciará que el Estado colombiano no quiere cumplir con los acuerdos con las Farc.  A primera vista, la referencia presidencial se ha entendido como incoherente, en la medida en que afirmar esto se entendería como una especie de autodenuncia, si se tiene en cuenta que el presidente es el jefe de Estado. Al margen de esta lectura, otros análisis plantean que buena parte del cumplimiento del acuerdo pasa por decisiones del Gobierno Nacional que no han sido tomadas o han sido ineficaces e ineficientes. Más allá de estas lecturas, sin embargo, cabe una propia de la lectura relacional del poder que avala hasta cierto punto lo planteado por Petro.

Efectivamente, la naturaleza del poder se ha analizado, entre otros, apelando a tres enfoques. El primero nos diría que alguien detenta el poder, en este caso el presidente en cuanto elegido popularmente tiene el poder, el cual, por lo demás en un régimen presidencialista, es especialmente contundente, dadas las atribuciones que tiene referidas. Bajo este enfoque, lo proyectado por Petro en la ONU sería una contradicción total. Por su parte, un segundo enfoque nos dice que el poder hace referencia al acceso a ciertos recursos estratégicos. Sería así que Petro tiene el poder, pues es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas que ejercen el recurso a la violencia. Tiene el poder, pues tiene la facultad de emitir decretos que afectan ciertos ámbitos relacionados con los recursos económicos y, finalmente, apela a la información y conocimiento para tomar ciertas decisiones propias de sus funciones. En suma, el presidente tiene el poder, pues detenta recursos políticos, económicos y de información y conocimiento.

Sin embargo, existe una tercera lectura que sostiene que el poder como tal no se detenta, sino que se ejerce y que, por ello, es relacional y desconcentrado. Para Michael Foucault, el poder no esta detentado por nadie y no está centralizado en ninguna parte. Para este autor, el poder está regado de distintas formas en múltiples relaciones que incluyen las amorosas, de negocios, de amistad, etc. El poder está presente en toda relación social y es relacional, lo cual significa que es mínimamente bilateral, que es ejercido y que es resistido. En otros términos, todo actor de poder puede lograr obediencia, pero igualmente es desobedecido y cuestionado, en la medida en que el poder se encuentra desperdigado socialmente.

La anterior lectura tiene como correlato el romper la unidad del Estado como centro de análisis. En efecto, desde el Derecho y desde una lectura idealizada del Estado, este se entiende como una especie de máquina coherente que debe funcionar de forma milimétrica y perfecta, expresada, entre otros, en la idea de la acción coordinada entre las ramas del Poder Público. Sin embargo, desde una perspectiva relacional, el poder del Estado a su interior es igualmente descentralizado formal e informalmente, de forma tal que al interior del mismo se presentan luchas de poder y dinámicas de resistencia. Como bien dice la antropología del Estado, este es una colección de prácticas incoherentes, cubiertas por una imagen de coherencia. Es aquí donde el planteamiento de Petro tendría sentido.

En concreto, lo planteado por el presidente se puede entender como la enunciación de las luchas de poder al interior del Estado. Es claro que hay partes del acuerdo con las Farc que no se ha desarrollado legislativamente, dadas las resistencias de sectores del Legislativo en temas como la reforma política. Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz, en cuanto a instancia judicial del Estado, ha sido considerada como un obstáculo a la realización de los acuerdos, dadas sus dificultades para la aplicación de las amnistías a las bases de las Farc o la ausencia de decisiones definitivas en los macrocasos. Aparte de lo anterior, y como se mencionó a nivel informal, pueden existir actores de poder local o regional que ralenticen la aplicación de los acuerdos, apelando a sus propios recursos de poder o, inclusive, a la abierta desobediencia. Téngase en cuenta que una parte importante del territorio no se encuentra bajo el poder del Estado, aunque nominalmente existan autoridades en su nombre. Pasa otro tanto con el mantenimiento de redes de corrupción que desvían los recursos para lo previsto en los acuerdos como pasó con los OCAD paz en el gobierno de Iván Duque.

En suma, si partimos de que el Estado no es una máquina compacta y coherente, debemos constatar que lo anunciado por el presidente no es del todo descabellado en cuanto todo Estado son un conjunto de prácticas cambiantes en el tiempo donde el poder se ejerce y se resiste. El deber que tiene el presidente para que su afirmación tenga plena cabida bajo este enfoque sería el de denunciar cómo los actores de poder estatal formales e informales afectan el cumplimiento de los acuerdos. Ahora bien, una reciente lectura de lo que es una declaración unilateral de Estado como fuente del Derecho Internacional daría entender que el gobierno Petro deduce que como este acto convoca a todo el Estado, el presidente podría saltarse la división de poderes propia del liberalismo y las demás existentes, abrogándose ser la encarnación del Estado. Esta lectura no solo sería cuestionable constitucionalmente, sino negará que el Estado son pugnas de poder de las cuales el presidente forma parte.

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