Asesinato de líderes sociales y poder territorial
Jaime Castro
Exministro y exalcalde de Bogotá
Diana Sánchez, directora de Minga, ONG defensora de los derechos humanos, plantea en sus términos exactos un tema tan grave como es el asesinato de los dirigentes sociales, razón por la que puede decirse con ella que, ante la falta de definición legal, debe entenderse que es líder social quien guía a la comunidad de la que hace parte en la solución de sus más agudos problemas, por lo cual tiene que oponerse en muchos casos a los “poderes reales en los territorios”, que pueden o suelen ser mafiosos dedicados a actividades ilegales. Afirma también que todo “presidente de junta de acción comunal es un líder”, porque defiende en muchas ocasiones “derechos económicos, sociales y culturales” de su comunidad, como son “el derecho a la vivienda, la salud, la educación y el medioambiente”. A título de ejemplo, agregaríamos nosotros, protestan también contra la violencia de género, el abandono del Estado y la quema y tala de árboles, pues se comprometen sin reservas con la defensa de la naturaleza. Ayudan en los casos de desastres y calamidades públicas. Sánchez concluye diciendo que generalmente “son personas que nacen en sectores marginados y excluidos”[1].
Conviene decir, igualmente, que los asesinatos de los líderes sociales se producen, mayoritariamente, en las regiones en las que sientan sus reales los actores ilegales del conflicto y sus disidencias, a más de otras estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando. Esas organizaciones, para el ejercicio de sus actividades, imponen control territorial absoluto y total. No toleran que otras organizaciones o personas ejerzan autoridad distinta a la suya. Por eso se enfrentan con las armas a la fuerza pública. Tampoco aceptan ni respetan la autoridad política que puedan ejercer los líderes sociales que gozan de aceptación y audiencia en sus comunidades y podrían representarlas si algunos de ellos son elegidos como ediles, concejales o alcaldes. No importa el tipo de liderazgo que ejerzan. Lo que cuenta es el que ejerzan en las comunidades. Por eso los amenazan y condenan. Por las razones anotadas sus asesinatos son proporcionalmente superiores en Nariño, Cauca, Chocó, Córdoba, regiones de Antioquía y el Catatumbo y son cometidos por los actores ilegales de nuestros numerosos conflictos.
Analistas y estudiosos del tema coinciden en que no hay una organización o estructura nacional o de determinada orientación ideológica que conciba y organice el asesinato de los líderes sociales. Quienes lo hacen son grupos regionales o locales que defienden intereses del mismo nivel territorial. Naciones Unidas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han establecido que “las economías ilícitas, que incluyen las drogas y la minería ilegal, son una amenaza para el proceso de paz” y que los mayores responsables de los asesinatos son “grupos organizados armados que persiguen poder territorial” para asegurar y controlar el desarrollo de sus actividades delincuenciales.
Por ello, la solución de fondo a un drama de tanta gravedad, obviamente, es la sanción judicial de los responsables intelectuales y materiales de los crímenes. También la lucha frontal contra los actores de nuestros conflictos que ahora llamamos grupos organizados armados, razón por la que el pacto político que se pide contra el asesinato de los líderes sociales debe hacer parte del acuerdo que se celebre para combatir el narcotráfico y la erradicación de los cultivos ilícitos.
Este drama viene de tiempo atrás. Las cifras publicadas cuantifican los asesinatos cometidos desde el 2016 y registran una disminución porcentual de los mismos durante el último año. No es entonces responsabilidad de uno u otro gobierno. Se equivocan por ello quienes le dan coloración política e inclusive partidista a las denuncias que no hicieron cuando empezaron a presentarse y multiplicarse lo que solo ahora se lamentan.
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