Salario mínimo e incertidumbre

Julio César Carrillo Guarín

Asesor en Derecho Laboral, Seguridad Social y Civilidad Empresarial

carrilloasesorias@carrillocia.com.co

Culmina el año y, en medio de los sentimientos que suelen aparecer de manera cíclica con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, también emerge, entre las variadas circunstancias propias de la época, la fijación del incremento del salario mínimo y del auxilio legal de transporte. Como es un tema recurrente y hasta trillado, el asunto no pasaría de ser otro más en el paisaje de hechos que suelen suceder a finales de año.

Sin embargo, así como resulta recurrente y para nada trillado todo lo que se relaciona con la búsqueda de bienestar, también el incremento del salario mínimo –cuando hay crecimiento inflacionario y perspectivas de recesión– se convierte en una “prueba de fuego” para determinar qué tanta capacidad tenemos para ser prudentes, justos e intuitivos a la hora de manejar tiempos difíciles sin perder de vista ese propósito.

En efecto, evaluar hoy los alcances del aumento del salario mínimo constituye una misión del Gobierno y de los representantes de trabajadores y empleadores para dialogar y enseñar cómo lo justo y lo prudente implica considerar el actual contexto global y local, en orden a materializar el principio constitucional según el cual la remuneración mínima no solo debe ser móvil, sino también vital, es decir, capaz de generar mejores maneras de vivir.

Esa mirada sistémica, necesaria para generar una movilidad vital del salario mínimo, requiere tener en cuenta: que el trabajo informal según el Dane (julio-septiembre/22) es del 58,3 %; que es necesario invocar la voluntad de empleadores, trabajadores formales y  Gobierno para no afectar ni la generación de empleo ni la prudente movilidad de la remuneración mínima ante los crecientes aumentos del costo de vida y, en fin, que es indispensable que el aumento tenga en cuenta la incierta situación que se cierne sobre la economía, para no convertirlo en otro factor inflacionario que termina afectando al mismo trabajador.

Así, cuando hay predicciones para el 2023 sobre el decrecimiento de la economía; cuando internamente se producen cambios estructurales; cuando el futuro se vislumbra sombrío e impredecible, es oportuno recordar que, para los efectos del mentado incremento salarial, existe una Comisión Permanente con origen en la Constitución Política (art. 56) entre cuyas funciones está la de “fijar de manera concertada el salario mínimo”, garantizando “una vida digna para el trabajador y su familia” (L. 278/96, art. 2º, lit. d).

Y si no se logra el consenso, el Gobierno debe fijarlo por decreto, estando obligado por la misma Ley 278 a considerar criterios tales como el IPC, la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año, la productividad y la contribución de los salarios al PIB (art. 8°, par.), pues, de lo contrario, el decreto puede ser declarado ilegal.

Mejor dicho, aunque podría decirse que no es nuestro problema y que los encargados de semejante reto se defiendan como puedan, es un tema que a todos concierne y, por ello, a modo de aporte, me atrevo a poner de presente que, en esta tarea, es un deber moral tener en cuenta, además, que al valor del salario mínimo que resulte, hay que sumarle un porcentaje del orden del 53 % por prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales (caja de compensación, Sena, ICBF) y que, de la adecuada ponderación de este incremento depende que la garantía de “vida digna para el trabajador y su familia” también incluya la anhelada disminución de la informalidad y el desempleo.

Y es en este punto en el que toda la reflexión cualitativa deviene, a mi juicio y con perdón de los expertos, en encontrar un referente cuantitativo que, como el IPC, si bien no es perfecto, aporta, en medio de la incertidumbre, una medida de justicia y prudencia para el contexto presente.

Soy consciente de que no todo depende de este incremento y no dudo de que, para algunos, sería mejor hacerlo por un porcentaje inferior al IPC y, para otros, superior, pero la vida digna reclama hallar puntos de encuentro en clave de movilidad vital, como lo exige la Constitución, y en armonía con la necesaria unidad de esfuerzos que requieren los momentos difíciles.

Confiemos en que prevalecerá la sensatez. Y en cuanto a nosotros, los ciudadanos, es el momento para que ayudemos a superar el vendaval haciendo lo correcto en nuestro diario vivir sin caer en la tentación del desaliento o la indolencia.

Solo así tendrá pleno sentido el “feliz año”.