Derecho y política: ¿el trasfondo del golpe blando?

Germán Burgos S.
Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia

El Gobierno colombiano ha venido planteando que las acciones de la Fiscalía, la Procuraduría, las altas cortes y ciertos medios de comunicación pueden entenderse como expresión de un golpe blando o de baja intensidad que no solo imposibilite la agenda de un gobierno elegido popularmente, sino que termine con la salida del presidente Petro. Al margen de una lectura en lógica de conspiraciones con clara connotación política, los enfoques sobre la relación entre Derecho y política pueden abrir avenidas de análisis más fructíferas para entender la situación.

Las relaciones entre Derecho y política parten de asumir una mutua desconfianza expresa en la idea según la cual, la aplicación del Derecho debe ser independiente de las presiones de cualquier actor de poder político o social. Bajo la idea de la independencia judicial, se plantea que la interpretación del Derecho no puede ser contaminada por lo político. De otra parte, desde el ámbito político, se ha enunciado que la idea de un soberano, encarnado en el pueblo, la nación o dios, entre otros, no debe asumir ningún límite jurídico, porque negaría la misma idea de soberanía. Por esta vía, el poder político considera que ninguna constricción jurídica es aceptable, pues significa asumir que el poder no es supremo, originario y autodeterminado. La política se pone por encima del Derecho. Una versión de lo anterior es la que plantea que toda lucha político-social tiene un margen de ilegalidad en la medida en que, si busca cambiar el marco jurídico vigente, no debe aceptarlo y puede subvertirlo. Como se puede ver, las anteriores lecturas nos colocan en un terreno de tensiones mutuas entre Derecho y política.

No obstante, también hay lecturas en torno de su complementariedad y que se pueden recoger en cinco enfoques. El primero es el que nos dice que el poder político del Estado siempre utiliza un lenguaje jurídico. El Derecho es el lenguaje del Estado. Inclusive, los actores de poder social utilizan el lenguaje jurídico a la hora de definir su agenda en términos de derechos y deberes. En segundo lugar, una lectura instrumental es la que nos plantea que los actores de poder usan el Derecho como un vehículo para establecer sus fines y medios, de forma tal que el contenido del Derecho lo da realmente el mundo político, no teniendo aquel mayor autonomía. Esta lectura sería coherente con el enfoque dos del anterior párrafo y según el cual el poder soberano hace y dice el Derecho.

Una tercera línea se da en términos de legitimación. Los actores de poder establecen y postulan que sus mandatos o acciones de poder están justificadas en cuanto están jurídicamente regulados. Para a que el Derecho legitime el accionar del Estado no puede ser un mero instrumento de poder, sino debe ser el fruto de los compromisos entre distintos actores de poder. Una cuarta lectura nos plantea que el Derecho es un límite al poder de los actores. Sea por la vía del Estado de derecho, el derecho laboral o el derecho de familia etc., se sostiene que el Derecho es capaz de controlar los abusos de poder a través de la división de poderes, los derechos fundamentales, los derechos de los trabajadores o los derechos de los niños, por ejemplo. Finalmente, el Derecho es un estabilizador de expectativas entre actores de poder en tensión. Es decir, las luchas de poder no pueden ser incesantes en el tiempo, los actores necesitan que sus acuerdos o equilibrios sean permanentes en el tiempo y, para ello, se valen de las normas jurídicas, concebidas como vinculantes y asociadas al uso de la fuerza.

A partir de lo anterior, entonces, ¿cómo entender la referencia al golpe blando? Creo que varios enfoques nos abren nuevas miradas. De un lado, el Gobierno del presidente Petro considera que es expresión de la soberanía popular, no solo porque ganó las elecciones, sino porque encarna un proyecto político de inclusión, frente a actores que en el pasado habían sido excluidos. A partir de lo anterior, Petro asume que encarna una voluntad política que no debe ser afectada por límite alguno, pues sería contrariar la voluntad del soberano que él parcialmente encarna. Su idea es la voluntad política soberana debe primar. En ello tiene una lectura instrumental del Derecho, según la cual este es el mero recipiente de los intereses políticos en lisa. Frente a ello, es claro que una lectura liberal del Derecho, encarnada en la Constitución colombiana, plantea que el poder del presidente, de los otros poderes del Estado y de algunos actores de poder social deben estar sujetos a límites jurídicos que eviten los abusos de poder de cualquier tipo. En tal sentido, lo que Petro llama golpe blando sería meramente el funcionamiento de la democracia constitucional que, a su vez, hace predecible el comportamiento del Estado.

Con todo, la última mirada es la que le da más complejidad al panorama. En términos de legitimidad, la discusión de fondo es si partes del Derecho vigente realmente representan las dinámicas de los actores de poder actualmente. En otros términos, ¿un Derecho producto parcialmente de dinámicas fundadas en una lectura neoliberal del orden social, centradas en el empresariado, orientadas hacia el comercio internacional y el respeto de las reglas del mercado, representa las mayorías políticas del Gobierno y de parte del Congreso? Es posible que la respuesta no sea afirmativa. En otros términos, la voluntad política del gobierno choca contra unos límites legales cuya legitimidad está en discusión, pero que no puede cambiar sin el concurso de aquellos que en el pasado han sido los baluartes de un tipo de marco jurídico. Lo que se está dando es un bloqueo jurídico a un marco político diverso que de cierta forma invalida la idea de democracia. ¿Qué sentido tiene elegir a un presidente que no puede gobernar porque está enmarcado en un orden legal que socialmente ha sido cuestionado? Esta es una de las grandes paradojas de la democracia constitucional vigente, aupada por una polarización política donde los pactos de largo aliento se hacen inviables. El llamado de esta lectura es a una redefinición del marco legal que recoja el menos parcialmente las nuevas legitimidades expresadas en las urnas.

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